Critican anuncio de veto al proyecto de usurpaciones que aprobó el Senado
OPINIONES. Oposición y gremios acusan al Gobierno de estar del lado de los delincuentes y en contra de la democracia.
Una avalancha de críticas políticas y gremiales surgieron luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), dijera en la Sala del Senado que "así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo porque nuestro gobierno es responsable", refiriéndose al proyecto de Ley de Usurpaciones que acababa de ser aprobado en el Senado con la "legítima defensa privilegiada", quedando listo para ser promulgado tras dos años y medio de tramitación.
En lo medular, la propuesta sanciona con penas privativas de libertad el delito de usurpación (que pueden llegar hasta 5 años), elimina el plazo de flagrancia, facilita la detención de los ocupantes ilegales, permite la restitución anticipada del inmueble ocupado y autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación.
GREMIOS MOLESTOS
La Sofo argumentó que el veto, a propósito de la legítima defensa privilegiada, es un temor infundado, puesto que "en La Araucanía ya ha ocurrido de todo, y no es necesario suponer escenarios peores que los que hemos vivido. Solo nos queda pedir a las autoridades de Gobierno y oposición que las decisiones respecto de la seguridad no sean politizadas ni utilizadas como monedas de cambio para otros fines. La politización de la seguridad y el centralismo ya han hecho mucho daño a las regiones".
La Asociación de Agricultores de Malleco habló de obstrucción y pidió al Gobierno que "esté del lado de las víctimas y de las personas que queremos trabajar y vivir en paz. No del lado de las personas que violan la propiedad privada".
La Multigremial de La Araucanía homologó la decisión del Gobierno con la postura de la CAM, indicando que al no querer permitir que la usurpación sea un delito permanente: "Favorecen a los violentistas, mafias delictuales y permiten la impunidad".
OPOSICIÓN
Los senadores y diputados de oposición de la Región condenaron el anuncio de veto, considerando que va en contra de la democracia y de la protección de las víctimas.
Según la senadora Carmen Gloria Aravena (PRChile) "los chilenos no entenderían que el Ejecutivo se salte la voluntad democrática del Congreso y el principio de representatividad, bloqueando una norma clave para frenar las usurpaciones".
En el mismo sentido, el senador Felipe Kast (EVO) dijo que "si el Gobierno avanza en su decisión deberá explicar por qué está del lado de las mafias y delincuentes y no de la ciudadanía que sólo quiere vivir en paz".
Por otro lado, el senador José García (RN) pidió al Gobierno que "cumplan con el acuerdo que construimos, que cumplan con la palabra empeñada. No puede ocurrir que, por las diferencias internas que tienen al interior de su coalición, el Ejecutivo, en un proyecto tremendamente importante para el país, termine incumpliendo su palabra".
La bancada de diputados de RN, en general, pidió respetar a las mayorías y la voluntad soberana expresada en el Congreso.
Así lo manifestó el diputado Jorge Rathgeb (RN), indicando que "el veto va en contra de lo que han votado sus propios parlamentarios de Gobierno. Deben entender que aquí hay una manifestación de la soberanía popular".
El diputado Juan Carlos Beltrán opinó en la misma línea planteando que "el Congreso habló (...) si hablamos de democracia: ¡cumpla Presidente!".
El diputado Miguel Becker (RN) se mostró decepcionado y cree que "ellos (Gobierno) siempre han apoyado las usurpaciones, el desorden y el caos. Creo que no hay mucho que esperar".
Miguel Mellado (RN) puso el dilema del veto en el contexto legislativo actual, aseverando que "vetar la ley es un error porque lo que va a suceder es que el ambiente político para poder conversar sobre su reforma previsional y sobre su Pacto Fiscal va a tener menos agua que lo que hoy tiene el río Mapocho".
Para el diputado Mauricio Ojeda (Bancada Republicana) y Andrés Jouannet (Amarillos) la situación es grave e inaceptable. "Tanto diputados como senadores de Gobierno, y también de oposición, estamos del lado de las víctimas, pero pareciera ser que el Gobierno está del lado de los delincuentes que se toman propiedades. Esto es inaceptable", dijo Ojeda.
El diputado Andrés Jouannet, alineándose con los agricultores y víctimas de la violencia rural desmitificó la criminalización de la autotutela. "La ministra ha dicho que la autotutela era privilegiada en esta ley y que significaría volver al Estado de naturaleza original, a un estado salvaje. En La Araucanía hay salvajismo, ahí donde el Estado ya no está y abandonó a las personas que son extorsionadas todos los días. Por los caminos de La Araucanía ya no se puede transitar y esa es responsabilidad del Estado", opinó.
Finalmente, el diputado Henry Leal (UDI) aseguró que "si insisten en oponerse a esta ley, se estarían convirtiendo en verdaderos cómplices de los grupos terroristas".
"Vetar la ley es un error porque lo que va a suceder es que el ambiente político para su reforma previsional y Pacto Fiscal va a tener menos agua que lo que hoy tiene el río Mapocho". Miguel Mellado,
diputado (RN)
149 años de vigencia tiene la actual Ley de Usurpación que busca cambiar el Congreso. La normativa data de 1874.
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