Gobierno busca levantar el secreto de comisiones Valech
50 AÑOS. Al presentar agenda legislativa de DD.HH., ministro de Justicia dijo que será sólo con autorización y de manera voluntaria. Oposición presentó reparos.
Leo Riquelme
Con la ausencia de representantes de la oposición por segunda vez en una actividad de este tipo, el Gobierno presentó ayer una agenda legislativa para abordar hechos cometidos en el régimen de Augusto Pinochet, incluido el levantamiento parcial del secreto de 50 años que existe sobre los antecedentes recopilados en informes sobre violaciones a los derechos humanos, a fin de acceder a pistas que permitan ubicar a las 1.210 personas que siguen desaparecidas tras su detención a manos de agentes del Estado.
El Ministerio de Justicia explicó que la iniciativa pretende habilitar la posibilidad de que quienes hayan entregado su testimonio a las comisiones Valech I y II puedan levantar una moratoria del secreto para permitir que los tribunales accedan a esa información específica y poner, bajo reserva, los antecedentes a disposición del recién anunciado Plan Nacional de Búsqueda.
El ministro Luis Cordero explicó que esto ya se hace con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y precisó que para ello se requerirá el consentimiento expreso de las víctimas que ofrecieron su testimonio, o el de sus familiares o herederos, si es que están fallecidas.
Las personas que prestaron testimonio en la Comisión Valech podrán decidir "voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad", dijo Cordero.
El abogado de DD.HH. Héctor Salazar comentó en radio Cooperativa que la medida podría resultar "importante" porque al ser trabajada con los antecedentes con que cuentan los tribunales "pueden abrir algunas brechas con que se pueden alcanzar mayores retazos de verdad".
Agenda
La agenda incluye la calificación jurídica de "ausente por desaparición forzada"; tipificar los delitos de "desaparición forzada" y "ejecución extralegal"; crear una política nacional de memoria y patrimonio; y eliminar el carácter de secretas o reservadas que mantienen un conjunto de leyes decretadas durante el régimen de Pinochet.
En la oposición criticaron la idea de levantar el secreto. Los diputados Stephan Schubert (ind. pro Republicano) y Jorge Guzmán (Evópoli) acusaron un intento de vulnerar el acuerdo suscrito por quienes ofrecieron su testimonio; y el RN Diego Schalper estimó que la propuesta de abrir esa reserva a los familiares "no es una facultad jurídicamente heredable" y que pone en entrevero la capacidad de los tribunales para recibir los testimonios.
El levantamiento del secreto es una demanda histórica de los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, que por primera vez ven que el Estado asume la búsqueda de detenidos desaparecidos.
La medida genera debate porque el Estado chileno se había comprometido a guardar la confidencialidad de los testimonios por 50 años.