Reos de Punta Peuco reconocen violaciones a los DD.HH., piden "conmiseración" a través del Congreso y Gobierno descarta beneficios
50 AÑOS. En una carta, 27 oficiales condenados piden medidas para volver junto a sus seres queridos y culpan a altos mandos.
En el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, 27 presos que cumplen condenas en Punta Peuco dieron a conocer una carta en la que reconocen que muchas de sus acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, a la vez que criticaron al alto mando por nunca haberse hecho cargo de lo que les ordenaron y pidieron "conmiseración" para poder volver con sus seres queridos.
El documento de este grupo de exuniformados recluidos por cometer delitos de lesa humanidad en el recinto que cuenta con 134 internos con una edad promedio de 77,5 años, fue leído en la Cámara de Diputados por el legislador Gonzalo de la Carrera (ex-Republicanos), quien estaba acompañado de su par Gloria Naveillán (Partido Social Cristiano).
En el texto, los firmantes (ver recuadro) expresan: "Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación".
Luego reprochan la actitud del alto mando: "Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos".
Ante ello añaden que "no correspondiéndonos, a partir de ello venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados".
"Por lo mismo, en este acto solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos", exhortaron.
Portazo del gobierno
"Vamos por la parte positiva", respondió luego el ministro de Justicia, Luis Cordero: "En esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado".
"Es una carta al parecer escrita a favor de terceros, suboficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los DD.HH.", añadió y enfatizó que lo importante es que la carta "deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y, con la misma iniciativa, sería muy relevante que nos dijeran dónde están, que, por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia conciencia, la pudieran entregar a los jueces a cargo de la investigación".
Cordero explicó que "en el contexto de Plan Nacional de Búsqueda no hay elementos por ahora asociados al otorgamiento de beneficios (...) Esto requiere adecuaciones normativas con ese fin. Por ahora no es algo que esté evaluando el Gobierno".
Reacciones
La lectura de la carta se da luego de que el Ejecutivo descartara hace una semana el cierre del penal Punta Peuco.
Jaime Araya, jefe de la bancada PPD, la tachó como "una provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron", y su par Leonardo Soto (PS) hizo ver que "no hay ninguna línea que diga que ellos van a colaborar para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos".
Juan Antonio Coloma (UDI) tomó distancia: "Cualquier persona tiene siempre el legítimo derecho a pedir beneficios penitenciarios, pero tienen que ser los tribunales los que lo resuelvan".