Un prófugo y otro con causas por VIF entre beneficiarios de pensión por estallido social
POLÉMICA. Gobierno reveló que 40 de 418 personas con el beneficio tenían antecedentes penales. Subsecretario Monsalve se comprometió a modificar resoluciones para que estos datos estén a la vista a la hora de entregar todo tipo de pensión.
Tras revelarse que casi el 10% de quienes han recibido pensiones de gracia por ser víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales durante el estallido social tenían antecedentes penales, el ministro de Justicia dijo que el Presidente Gabriel Boric no tuvo injerencia en la asignación del beneficio y el subsecretario del Interior aseguró que "se respetó rigurosamente" el procedimiento.
El subsecretario Manuel Monsalve reveló el miércoles en el Congreso que en 2022 se entregaron 418 pensiones y que 40 mantenían antecedentes penales. De ellos, 17 recibieron el beneficio durante el Gobierno de Sebastián Piñera y 23 en la administración actual, detallando que "se respetó rigurosamente el reglamento que establecía el procedimiento" y que "en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales". Todos tenían "antecedentes antiguos o por delitos menores".
Las críticas desde la oposición no tardaron en llegar y el ministro de Justicia, Luis Cordero, se apuró en remarcar que el Presidente Gabriel Boric no tuvo injerencia en la asignación del beneficio. "La manera en que operan estas pensiones de gracia es por firma delegada, por lo tanto el Presidente no tiene acceso a ese expediente y en consecuencia es una tramitación que se realiza por el departamento especializado en la subsecretaría del Interior", explicó.
Más tarde, Monsalve explicó que "los decretos que asignaron pensiones de gracia a personas que estaban por el estallido social -en este y en el anterior Gobierno-, son decretos idénticos y todos hacen alusión a la glosa 12. Por lo tanto, las pensiones se entregan en base a la glosa 12, que fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados".
El subsecretario agregó que "me he comprometido, y así lo voy a hacer, a modificar las resoluciones internas del Ministerio del Interior, porque nos parece, a partir de los hechos que han ocurrido, que no solo en estas, sino que en todas las pensiones de gracia que entregue el Gobierno de Chile, es necesario y razonable establecer entre los requisitos que las autoridades tiene que tener a la vista para tomar esa decisión, contar con los antecedentes penales de las personas".
Prontuario
Uno de los casos más polémicos es el de un prófugo. Según el medio Ex Ante, tras ser formalizado como presunto autor de estafa en Conchalí, se intentó ubicar a J.V.F. en sus domicilios de la capital, pero como no hubo éxito en el trámite, el 23 de junio de 2022 se dictó su orden de detención.
En 2008 había sido condenado por hurto en Puente Alto y mantiene además causas por lesiones leves y lesiones menos graves. J.V.F. recibe el máximo de dos ingresos mínimos mensuales como pensión, casi $570 mil.
S.H.F., otro de los casos, tiene dos detenciones en Rancagua por casos de violencia intrafamiliar (VIF), además de otro que se negó a exámenes tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.
Otro, E.C.E. registra más de 10 causas penales y detenciones por distintos delitos, entre ellas diversos tipos de robo y maltrato de obra a Carabineros.
Según legisladores que informaron a Emol, también estarían entre los beneficiarios el líder de una barra brava chilena y el cabecilla de una banda criminal.
Por el estallido llegaron 715 solicitudes y se aprobaron 418.
Cada beneficiario recibe entre $283.619 y $567.238.