Los 50 años del Golpe traen a la memoria el "Informe Rettig", de 1991 y el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de 1996. Ambos entregaron en su conjunto el registro de 3.197 casos de víctimas calificadas por el Estado de Chile como muertos (2.095) y desaparecidos (1.102) entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
En este período, la dictadura violó sistemáticamente los derechos humanos y dejó sin aplicación el Derecho Internacional. El texto original de la Constitución de 1980 (C'80) no reconoce los tratados suscritos por Chile y recién en 1989 la Junta de Gobierno aplica internamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pese a que nuestro país ratificó ambos ante la Secretaría General de la ONU, en 1972.
Transcurrido medio siglo, el Golpe de Estado causó una herida profunda en nuestra sociedad que aún no sana y que merece ser rechazada por todos los sectores políticos. También nos recuerda que junto con negar la aplicación del Derecho Internacional, la Junta de Gobierno impuso un sistema de salud y un sistema de pensiones que debilitó severamente el rol protector del Estado que cobijaba la Constitución de 1925 (C'25). Por el contrario, la C'80 importó "un franco retroceso en derechos políticos, económicos y sociales" (Cumplido, 2003). Mientras la C'25 impulsó el fortalecimiento del Estado en la satisfacción de los derechos sociales, la C´80 buscó garantizar su provisión por el sector privado, aplicando el principio de subsidiariedad a todos los campos de la vida social.
En retrospectiva, la C'25 logró avances significativos. La salud pública era impulsada a través del Servicio Nacional de Salud y el mandato constitucional contemplaba que "es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país" asegurando "cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salubridad" (10 N°14 inciso final). En pensiones se reconocía por primera vez el derecho a la seguridad social y el deber del Estado de adoptar "todas las medidas que tiendan a la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para el libre desenvolvimiento de la personalidad y de la dignidad humanas, para la protección integral de la colectividad y para propender a una equitativa redistribución de la renta nacional" (artículo 10 N°21).
Sin embargo, la C´80 aborda los derechos sociales como derechos individuales. La Junta de Gobierno puso fin al Servicio Nacional de Salud (SNS) y al Servicio Médico Nacional de Empleados. Al mismo tiempo crea las Isapres, aseguradoras privadas con fines de lucro en desmedro del fortalecimiento de la salud pública. Luego, implanta en la C'80 la 'libertad de elección en salud' (19 N°9 inciso final) que genera el sistema "dual". Hoy, el seguro público Fonasa se hace cargo de más del 80% de la población con mayores riesgos sanitarios y menores ingresos socioeconómicos, mientras las Isapres seleccionan menos del 15% de la población, de mayores ingresos socioeconómicos y menores riesgos sanitarios.
En pensiones el sistema de capitalización individual impuesto queda administrado íntegramente por corporaciones privadas con fines de lucro y no constituye un seguro social, en contravención a lo formulado en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para ello, la Junta de Gobierno primero crea las AFP's y luego las ampara en la C´80 a través de la obligación del Estado de 'garantizar el acceso de prestaciones básicas uniformes a través de instituciones públicas o privadas' (artículo 19 N°18 inciso 3).
El fortalecimiento de la salud pública y el aporte tripartito del trabajador, del empleador y del Estado para las pensiones en el marco de un seguro social deben ser parte del establecimiento de un estado social y democrático de derecho del que adolece la C'80.
Raúl Allard Soto,
doctor en Derecho,
académico Universidad de La Frontera @raulallard