Si bien es un mito que los adultos mayores de 65 años son malos conductores de vehículos motorizados, lo cierto es que los datos sostienen justamente lo contrario. Esto porque la estadística de 2022 indica que no más del 1% de los choferes implicados en accidentes con lesiones graves, son adultos mayores.

De hecho, este grupo etario se destaca a la hora de conducir un vehículo como uno de los más prudentes y respetuosos de la normativa vial.

De ahí que el llamado Proyecto Jacinta, que introduce una serie de restricciones en el acceso a la licencia de conducir para los adultos mayores genere ciertos ruidos, ya que, entre otras medidas, establece que los mayores de 65 deberían contar con certificación geriátrica o neurológica para postular y, a la vez, introduce una disminución progresiva de la vigencia llegando, hasta, a partir de los 80 años, a la obligación de renovar la licencia cada año.

Ahora bien. Al indagar en torno a las causas de los accidentes de tránsito en el país, los datos indican que estos son originados principalmente por factores como exceso de velocidad, manejar bajo la influencia del alcohol, conducción descuidada y uso del celular, conductas que, claro está, no son propias de un adulto mayor que toma el volante de un vehículo motorizado, sino, más bien, apuntan al perfil de un conductor con mucho menos edad.

Si bien es una necesidad avanzar hacia mayores exigencias a la hora de entregar el documento que le permite a una persona conducir un vehículo motorizado, lo cierto es que los esfuerzos debieran direccionarse justamente hacia aquellos grupos que son los más involucrados en accidentes de tránsito. Los datos así lo evidencian.

Para todos es sabido que existen segmentos de la población que debido a diferentes factores tienen mayores dificultades en la búsqueda de un empleo formal. Las mujeres, los jóvenes, los mayores de 55 años y las personas en situación de discapacidad son grupos que históricamente han carecido de las mismas oportunidades de incorporarse al mercado laboral debido a barreras, por sobre todo culturales, que durante los últimos años el Estado ha intentado superar, no únicamente mediante la presentación de proyectos de Ley que vayan en favor de estimular la contratación de estas personas, sino que además creando una cultura de la inclusividad.

En este sentido, el trabajo intersectorial que permita apoyar proyectos destinados a potenciar las capacidades de por ejemplo trabajadoras y trabajadores en situación de discapacidad es fundamental para abrir nuevos horizontes a este grupo de la población. Según mi propia experiencia, estas personas, más allá de alguna limitación puntual, son trabajadores comprometidos, proactivos y que siempre están buscando perfeccionarse a través de proyectos como los que administra el SENCE, que cuenta por ejemplo con el programa "Fórmate para el trabajo", que en su línea de inclusión laboral, busca dotar a las personas de una cualificación técnica y de las habilidades necesarias para poder acceder en igualdad de oportunidades al mercado de trabajo.

Pero avanzar en esta materia no es solo responsabilidad de los estamentos públicos, como SENADIS, sino que se necesita del apoyo y compromiso también del sector privado. Generar una cultura de la inclusión, como mencione antes, es relevante y permite llevar este concepto mucho más allá del mínimo exigido por la ley. De hecho, durante septiembre, la ley que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otras leyes en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad obtuvo un amplio respaldo en la Cámara de Diputados y se encuentra en trámite en el Senado.

Esta iniciativa busca reforzar la inclusión laboral, tanto en el sector público como privado. Por ejemplo, la propuesta aumenta, al 2025, del 1% actual a un 2% de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez que deben ser contratadas por las medianas y grandes empresas con más de 100 trabajadores y formar parte de la dotación anual.

No obstante aquello, el llamado es a los empleadores a entender que estas personas pueden ser un real aporte a sus empresas, que cumplir con el mínimo establecido por el ordenamiento jurídico no implica el "no atreverse a más", y allí como representantes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric tenemos un importante desafío, y que dice relación con concientizar y transmitir la necesidad de avanzar en la inclusión en el trabajo, a través de un despliegue intersectorial que ponga en valor este importante concepto.

Claudia Tapia de la Peña,

seremi del Trabajo y Previsión Social