Violencia, política y responsabilidad
Los dichos del senador Quintana sobre un nuevo estallido social carecen de toda responsabilidad y prudencia. A más de cuatro años de lo acontecido en octubre de 2019, pareciera que una parte de nuestros dirigentes aún no exhibe la madurez que se requiere en momentos de especial complejidad. El recuerdo de la violencia en las calles, el grito desesperado de cientos de miles de chilenos que nos enrostraron el mal camino por el que iba el país, y el fracaso del cauce institucional de la primera Convención deberían ser suficientes para evitar poner en riesgo nuestra democracia. Lo que el senador opina agrega más incertidumbre a una sociedad agotada y donde la desesperanza crece diariamente.
Una tierra donde la inseguridad se transformó en la tónica común de las conversaciones, con un crecimiento promedio en la última década inferior al 1%, con un desafío habitacional que presenta un déficit de viviendas que supera el medio millón, y con un retroceso en materia educativa -como demuestra la reciente crisis en Atacama-, arriesga demasiado como para aceptar la mera idea de que la violencia vuelva a instalarse.
Si el senador, y tantas voces dirigentes que lo avalan, se detienen a pensar en los desafíos que enfrentamos, no queda espacio para estas opiniones. No es honesto, por lo demás, anticipar dicha situación. No es responsable condicionar la política del diálogo a través de chantajes. No es prudente, en momentos donde nuestros líderes deben mostrar el por qué los hemos elegido.
Miguel Ángel Fernández
Aumento de accidentes por conductores ebrios
Preocupantes son las cifras recopiladas por Carabineros sobre el alza de siniestros de tránsito causados por automovilistas ebrios, aumentando un 16% durante el año 2022 en comparación con 2021 y sube aún más en 26% respecto al 2019, antes de la pandemia. El tema reflotó cuando supimos del lamentable accidente con personas heridas protagonizado por un conocido periodista que conducía en estado de ebriedad.
El problema es mayor cuando vemos una baja percepción del riesgo entre la población, según nuestros estudios en Aprocor. El 65% de los chilenos teme más ser detenido por Carabineros conduciendo en estado de ebriedad que provocar un accidente (14%). Además, el 50% considera que es sencillo evadir los controles policiales, posiblemente debido a la disponibilidad de aplicaciones móviles que alertan sobre ellos.
Los números son sumamente desalentadores y nos preocupa esta evidente falta de consciencia de las personas. Es clave unir esfuerzos entre los sectores público y privado para reforzar campañas como "Conductores ni una gota" con el fin de prevenir los actos irresponsables por parte de los individuos.
Juan Pablo Solís de Ovando, presidente Aprocor
Armonía constitucional
El artículo 1 inciso 3 de la propuesta constitucional establece que el Estado de Chile es social y democrático de derecho. Ahora bien, ¿qué significa esto? No existe un manual de derecho constitucional que establezca una forma única de Estado social de derecho, sino, cada Estado tiene la capacidad de definir el suyo. Por tanto, debemos atenernos a cómo se reguló en específico en esta propuesta de nueva constitución.
El artículo 1 inciso 3, también establece que el Estado debe progresar en materia de derechos sociales pero sujeto al principio de responsabilidad fiscal, además de contemplar a los privados dentro del marco de desarrollo. El artículo 1 inciso 4, establece que las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía; se garantiza la autonomía de los cuerpos intermedios. El artículo 1 inciso 5 establece que el Estado está al servicio de la persona y la sociedad; se garantiza el principio de servicialidad del Estado.
Teniendo lo anterior en cuenta, es posible afirmar que el Estado social y democrático de derecho en la nueva constitución no resulta incompatible con el principio de subsidiariedad, más bien parecen ir de la mano.
La autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad en la propuesta de nueva constitución garantiza que no se coarta la libertad natural e intrínseca de la persona en buscar satisfacer sus necesidades libre y autónomamente. Además es posible desprender de los incisos mencionados que no estamos frente a un Estado potencialmente omnipresente, sino más bien a uno que se funda en la responsabilidad fiscal y que entiende a los privados cómo una pieza fundamental en el desarrollo del país.
Fernando Cartes Martínez, estudiante de Derecho