"El informe 2023 del INDH marca un antes y un después"
Por primera vez el reporte anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre la Macrozona Centro Sur habla de "violencias" e integra miradas de personas mapuche y no mapuche. También consigna vulneraciones a la propiedad, a la libre circulación y el derecho a culto. Este nuevo enfoque es bien recibido por las víctimas de ataques incendiarios en la Región. Así lo expresa su vocero, quien opina - además - acerca de la futura Ley de Usurpaciones y la necesidad de una ley de reparación.
El reciente informe sobre "Violencias percibidas en la Macrozona Centro-Sur 2023" emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos marca un antes y un después. Así lo cree el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural de la Araucanía, Alejo Apraiz, esto porque por primera vez el documento habla en plural, de violencias, e integra el sentir de distintos grupos sociales que a lo largo de 25 años han experimentado la afectación, la inseguridad y vulneración de sus derechos.
El reporte de Derechos Humanos, basado en testimonios, asume que en la zona se experimentan múltiples expresiones de violencia, las que vulneran derechos como la seguridad personal; el derecho a la educación; la libertad de consciencia y culto; el derecho a la propiedad; y a la libertad de residencia y libre circulación, tanto de personas mapuche como no mapuche; y donde se incluye vulneraciones cometidas por agentes no estatales.
Sobre la base un reclamo histórico y actual que denuncia "abandono por parte del Estado" en la macrozona sur, Alejo Apraiz analiza el contenido del documento, los alcances del mismo y habla de la deuda legal que se mantiene con las víctimas.
- ¿Cómo reciben el informe 2023 sobre violencias percibidas en la Macrozona Centro Sur entregado por el INDH? Más cuando este derechamente habla de violencias en plural e incluye la percepción y reclamos de vulneración de derechos fundamentales por parte de personas mapuche y no mapuche…
- He tenido acceso al informe y lo he ido leyendo pausadamente porque es extenso, tiene 66 páginas. Como asociación lo recibimos de buena manera en el sentido que el INDH, para elaborar este informe, consideró la opinión de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con las personas que lo elaboraron, por lo tanto, gran parte de lo que se dice en es la opinión de la AVVRU. Creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se está dando cuenta de lo que pasa aquí en La Araucanía. Por lo tanto, lo recibimos de buena manera (…).
- Respecto de esta nueva forma de observar la situación en las regiones de la Macrozona Centro Sur, ¿qué tan relevante resulta este documento con miras a avanzar en materias de justicia, reparación e impunidad?
- Para la asociación es importante que el INDH se dé cuenta que violencia terrorista en La Araucanía existe. Si bien es cierto ellos no hablan de violencia terrorista, en la práctica eso es lo que hay, lo que existe. Un gran anhelo de la asociación de víctimas es poder sacar adelante una ley de reparación. Llevamos 26 años desde que se registró el primer ataque y las víctimas del terrorismo el Biobío, Araucanía y Los Ríos todavía no cuentan con una ley que apunte a la reparación. Como decía antes, para las víctimas es un gran anhelo tener un cuerpo legal de esta naturaleza.
- El informe considera aspectos como la seguridad personal, la propiedad, la libertad de residencia y el derecho a la libre circulación. ¿Estas consideraciones responden a aquellos aspectos que se suponían ignorados hasta ahora? ¿Cree que este reporte de esta forma marca son un antes y un después?
- Sí, efectivamente, el informe 2023 del INDH marca un antes y un después. Así lo hicimos saber. Y es que dejando a un lado lo que es la delincuencia común, en las únicas regiones del país donde no puedes transitar con tranquilidad de noche es aquí en la macrozona sur; eso no es vivir tranquilo y en libertad, porque hay muchos sectores en La Araucanía donde después de las 6 o 7 de la tarde, o en la noche, los habitantes no pueden transitar libremente, incluso por sus propias tierras. Por tanto, es algo que lo indicamos y que quedó estampado en el documento.
- En el último tiempo se ha debatido mucho en torno a la nueva Ley de Usurpaciones, texto que quedó listo para su promulgación. ¿Qué opinión tiene como presidente de la VVRU respecto los contenidos que se aprobaron?
- Nosotros como asociación de víctimas trabajamos en este proyecto de ley. Tuvimos la posibilidad de aportar gracias a la invitación del senador Kast. Por lo tanto, estamos muy informados y creemos que es lo que necesita La Araucanía. Ahora, en cuanto al texto, creemos que no es posible que se diga o que se hable de usurpación pacífica. La usurpación en sí misma involucra el impedimento para que los propios dueños puedan ocupar sus bienes. Por lo tanto, en primer lugar, creemos que allí ya existe un error en lo que hablan las autoridades al referirse a usurpación no violenta. Pero para la AVVRU es un gran anhelo poder contar con esta ley, la que sin duda ayudará a que se haga justicia en La Araucanía y para que este acto sea visto ahora como un delito.
- Alejo, en reciente visita a La Araucanía el subsecretario Monsalve mencionó que se dispone de 9 mil millones de pesos para reparación de personas que se han visto afectadas por la violencia en la zona, 2 mil aportados por Interior y 6 mil millones dispuestos por el Gore. ¿Qué representan estos montos y sus destinos para la asociación que preside?
- Insisto, el subsecretario anuncia montos, pero el asunto es que no existe un protocolo o una ley que repare a las víctimas. Hay recursos que ayudan y quienes reciben reparación son las víctimas que logran golpear más puertas. No puede ser que a una persona a la cual le queman sus herramientas de trabajo, su maquinaria, tenga que postular a un fondo para recibir reparación. Lo que nosotros solicitamos es que quien sea objeto de un atentado incendiario y pierda su herramienta de trabajo, esta debiera ser repuesta en forma inmediata, que no sea necesario postular a un programa. Hay personas que pierden sus tractores y ni siquiera tienen acceso a Internet; así cómo van a poder postular.
-¿Lo que plantean entonces es una respuesta más contundente y a la medida del daño inmediato causado?
- Más que tener una respuesta, las normas deben estar más claras. En nuestra opinión, al contar con una ley de reparación se sabe cuáles son las formas de contar con ello. De otra manera es imposible. Porque hay víctimas que ya ni denuncian, porque no creen en el sistema, porque la revictimización es tremenda, porque tienes que declarar una, dos o cinco veces; llegan a una oficina de atención de víctimas donde les vuelven a preguntar lo que pasó y lo vuelven a revivir. Entonces, se va perdiendo el interés por denunciar. Creemos que debiera bastar con un parte de Carabineros.
"Un gran anhelo de la asociación de víctimas es poder sacar adelante una ley de reparación. Llevamos 26 años desde que se registró el primer ataque y las víctimas del terrorismo el Biobío, Araucanía y Los Ríos todavía no cuentan con una ley que apunte a la reparación".