Dos miembros del gabinete buscaron blindar la figura del ministro de Vivienda, Carlos Montes, ante los cuestionamientos que han llegado con fuerza desde la oposición, que impulsó un reproche de la Cámara de Baja e incluso ha amenazado con una acusación constitucional que aún no se ha concretado.

El histórico militante socialista se vio arrastrado por el caso convenios desde que explotó en Antofagasta con las irregularidades detectadas entre la seremi de su cartera y la fundación Democracia Viva. Tras ello aparecieron situaciones similares en otras partes del país y fue apuntado como responsable político de este escándalo, lo que se profundizó cuando el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, afirmara que se hizo llegar un informe del caso a Presidencia 10 días antes de que estallara el caso ante la opinión pública.

Para buscar proteger a Montes, el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo ayer en Estado Nacional de TVN que "el ministro Carlos Montes es una persona honesta, un servidor público de toda la vida, que además está concentrado en lo que realmente importa, que es hacerse cargo del déficit habitacional para construir un número récord de viviendas en el mandato del Gobierno del Presidente Boric".

Y en la misma línea, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó en Mesa Central de Canal 13 que "no hay registros de que la Presidencia hubiera recibido ese informe (el aludido por Contreras); de lo que sí hay registro y respecto de los cuales el propio ministro Montes entregó toda la información en su oportunidad".

Desde la oposición piden la renuncia de Montes, como expresó el diputado Miguel Mellado (RN): "El ministro ha fallado. Yo creo que debe dar un paso al costado. Después del 17 (día del plebiscito) la acusación constitucional va a tomar más fuerza".

Versión del Minvu

El Ministerio de Vivienda, a través de un comunicado de prensa, explica que el documento del jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, emitido del 5 de junio -11 días antes de que estallara el escándalo-, fue encargado a petición de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas.

Lla cartera aclaró que Trincado "no es asesor del ministro Montes (...) sino jefe del mencionado departamento".

Adicionalmente, precisó que "en su informe, el señor Trincado concluye que existen irregularidades administrativas que están siendo abordadas desde la región en el marco del seguimiento de la auditoría regional y que se debe acompañar desde el Departamento de Asentamientos Precarios (nivel central) para subsanar las observaciones".