Correo
Condena masiva en La Araucanía
Llama la atención que, en la Región de La Araucanía, en el Regimiento de Caballería N°3 "Húsares" de Angol, el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre, en primera instancia, haya condenado -por hechos ocurridos en octubre de 1973-, a penas altísimas a todos los oficiales de este regimiento, incluso a soldados conscriptos que cumplían con su servicio militar obligatorio, penas que llegan a los 19 años de cárcel.
Lo curioso es que, en el año 2005, estos mismos hechos ya habían sido juzgados por el ministro en visita Fernando Carreño Ortega, terminando en la Corte Suprema, es más, el fallo estaba ejecutoriado, condenando a su autor a una pena de 10 años y 1 día.
Cualquier alumno de Derecho diría que no es posible lo señalado, esto es iniciar nuevamente un proceso, toda vez que existía "cosa juzgada", o sea aquellas que producen las sentencias ejecutoriadas o firmes cuando se han pronunciado sobre el fondo del asunto; o sea, cuando han resuelto la controversia de manera definitiva.
Lo que es sumamente insólito, es que el autor confeso, como lo he señalado, fue condenado en el año 2005 a 10 años por la Corte Suprema, para luego ella misma concederle la "prescripción" del delito, extinguiéndose la acción penal y por tanto obteniendo la absolución.
No obstante lo anterior, en el año 2013, la causa fue reabierta, siendo parte querellante el exsubsecretario del ministerio del Interior, Rodrigo Ubilla Mackenney (Gobierno de S. Piñera 1), designándose como ministro instructor al juez Álvaro Mesa Latorre, quien en el mes de diciembre del año 2023, condenó a 13 integrantes del Regimiento Húsares, siete oficiales a la pena de 19 años, en calidad de autores, otro a 13 años como cómplice y un último oficial a 5 años, como encubridor. Fueron sobreseídos los cuatro oficiales restantes por haber fallecido, toda vez que la etapa sumaria se extendió por más de nueve años.
La sociedad chilena debiera estar pendiente a como procede en segunda instancia, la Corte de Apelaciones de Temuco, si esta se deja llevar por ideologías políticas o actuará conforme a derecho, teniendo en cuenta las apelaciones de los condenados.
Reinaldo Navarrete
¿Diálogo con la CAM?
En su columna del martes) Jorge Cordero se pregunta por las circunstancias en que sería verosímil un diálogo fructífero con la CAM, a propósito de las conocidas declaraciones de la directora del INDH, Consuelo Contreras, que llaman al Estado a buscar dialogar con la coordinadora.
Cordero se pregunta por la posición de ambos lados respecto a la idea de dialogar, e invita a que se busque la disposición para hacerlo. Yo me pregunto ¿cuándo el Estado chileno ha negado la posibilidad de diálogo con toda organización que actúe dentro del Estado de Derecho y de respeto mínimo con el resto de la ciudadanía y las instituciones democráticas? Esta es básicamente la condición que Jorge y muchos otros indican como necesaria para el diálogo, dejar de lado la vía violenta y optar por la política. Cordero nos recuerda, en palabras del exministro Alfredo Moreno, que "existe disponibilidad para reunirse con esta organización y con cualquier persona que decida actuar sin violencia y dentro del Estado de Derecho", confirmando así que el Estado de Chile, a través de diversas autoridades, siempre ha estado abierto al diálogo en el marco del derecho y la paz.
En cuanto a la CAM, Cordero destaca que su estructura hace difícil pensar en un esquema de representación que facilite el diálogo. A esto sumaría que todos los actos y declaraciones públicas, hechas hasta el cansancio por la CAM, sólo reafirman la idea de que en Chile no existe ninguna organización vigente con tantos años, y con tantos hechos de violencia en su historial como la CAM. Tampoco existe otra agrupación dedicada exclusivamente a vulnerar derechos elementales como la vida, la propiedad, la libertad religiosa, la libertad de tránsito y por supuesto la vida libre de violencia. Otras agrupaciones la han imitado o se han escindido de ella, pero ninguna ha tenido el éxito de la CAM.
Parece que la posibilidad de diálogo no está en manos del Estado chileno, sino en la voluntad de la CAM de renunciar a la violencia. No es un escenario esperanzador.
Marcelo Estrella Riquelme, cientista político, magíster en Estudios Políticos