Un nuevo marco legal para la ciberseguridad en Chile está próximo a ser promulgado, lo que constituye un hito en un entorno cada vez más interconectado y dependiente de la tecnología. Con esta actualización se busca elevar los estándares de protección digital de personas y empresas, así como fomentar la cooperación público-privada en este ámbito.

Hoy, según plantea el experto Carlos Honorato, CEO de Orión, los principales ataques se refieren al robo de credenciales, suplantación de identidad, sabotaje de equipos, ransomware, robo de propiedad intelectual y cryptojacking.

En Chile, ciberataques recientes dan cuenta de lo urgente que es contar con un marco legal robusto. En ese sentido, el texto crea un modelo de gobernanza que promueve la gestión de riesgos y mejores estándares de prevención, contención, resolución y respuesta de incidentes, basado en un sistema de colaboración público-privada, con obligaciones de ciberseguridad y sanciones diferenciadas por riesgos y tamaño.

Cabe destacar la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) con facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias, además del Consejo Multisectorial sobre Ciberseguridad y el CSIRT Nacional, lo que dota al país de una institucionalidad más completa en materia de ciberseguridad.

En este nuevo marco, el desafío para las empresas -independiente de su tamaño e industria- será poner la ciberseguridad en el centro de su estrategia. Inversión, capacitación y nuevos enfoques, serán claves en la protección de sus activos digitales, así como su disponibilidad y privacidad, ante las vulnerabilidades y amenazas emergentes en un ecosistema digital en plena transformación.

La Planta WTE Araucanía, proyecto que buscaba instalar una planta de tratamiento de residuos sólidos municipales para generar energía eléctrica y térmica -de US$80 millones- llevaba 6 años en evaluación siendo finalmente rechazada de forma definitiva. Este no es un caso aislado, lamentablemente hay proyectos de inversión que pueden llegar a tardar hasta 12 años antes de ver la luz dado el largo proceso de tramitación de acuerdo a un reciente análisis realizado por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

La CNEP cifra en 309 los permisos que debe solicitar una iniciativa para ser aprobada. Datos sorprendentes que han llevado a instalar en la agenda el concepto de la "permisología" y la necesidad de reformar estos procesos, con el fin de dar viabilidad a las inversiones en el país, tan necesarias para el desarrollo y la recuperación económica.

Es en este contexto que el Gobierno anunció diferentes iniciativas que permitan acelerar el tranco, siendo una de ellas una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual aloja la revisión de múltiples organismos con competencia ambiental, y el cual otorga la resolución de calificación ambiental en el caso de que el proceso sea favorale, aspecto crítico para que un proyecto pueda transformarse en realidad.

La pregunta es: ¿significa esto menores exigencias medioambientales? ¿Se traducirá en mayor laxitud y por ende, menos preocupación por las comunidades y los territorios en los que se situarán estas iniciativas?

No necesariamente. Eficiencia y cuidado del medioambiente no son objetivos antagonistas per sé. Un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental eficiente, moderno, que con su reforma logre ser más ágil, sin duda, significará contar con mayores y mejores estándares de evaluación que estén a la altura de los desafíos que hoy enfrentamos a nivel global, como consecuencia del cambio climático.

Resulta urgente y necesario que el gobierno avance en un proyecto que le permita a Chile contar con una tramitación más eficiente y realmente sostenible a la hora de realizar las evaluaciones ambientales, que permitan abrir espacio a proyectos e industrias que son claves para llevar adelante la descarbonización, como la minería del cobre, la minería del litio y la producción de hidrógeno verde.

En esa línea, es una buena noticia que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto en el que está trabajando el Ejecutivo. También resulta positivo lo que hemos conocido hasta ahora de la iniciativa, como el fin del Comité de Ministros, la nueva guía de Participación Ciudadana Anticipada, en su segunda versión después de 10 años, o ampliar la posibilidad de participación en los procedimientos de participación ciudadana en proyectos que ingresan como Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Sin embargo, hay también otros temas que de una u otra manera debiesen ser abordados como la capacitación permanente de los evaluadores que participan en el SEIA, los procesos de consulta indígena, y la robustez con que los titulares de proyectos ingresan los proyectos al sistema, evitando completarlos durante el tiempo de evaluación a través de las Adendas.

El tiempo sigue corriendo, y es de esperar que más temprano que tarde contemos con un sistema de evaluación ambiental robusto, moderno y exigente, que le permita a Chile alcanzar todos sus desafíos en materia ambiental y social.

María Emilia Muñoz,

s ocia de Gestión Social