Correo
Pensiones vitalicias a los condenados por delitos
La justificación del gobierno para conceder pensiones vitalicias a cinco individuos condenados por delitos graves durante el estallido social se basa en su condición de "personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019", porque fueron víctimas de "apremios ilegítimos" al ser detenidos durante las protestas. No obstante, al otorgar estas pensiones, no se tuvo en cuenta que estos beneficiarios ya habían cometido delitos graves antes por los cuales fueron formalizados, tales como estafa, saqueo, lanzamiento de artefacto incendiario y maltrato de obra a Carabineros.
Resulta sorprendente que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, justifique este grave error, alegando que la ley no exige antecedentes penales para la concesión de pensiones vitalicias porque "nunca en la historia del país se ha solicitado los antecedentes penales de las personas". Aunque es cierto que la ley no exige estos antecedentes y que los beneficiarios cumplían los requisitos legales, esto no exime al gobierno de ser criterioso y diligente al conceder estas pensiones. La ley debe ser aplicada por autoridades sensatas y precavidas.
Si el gobierno busca corregir este lamentable error, lo más prudente sería revocar o anular las pensiones otorgadas a estos cinco condenados. Esta medida envía una señal negativa al validar la violencia como medio político, generando indignación y frustración entre la ciudadanía al premiar a delincuentes que causaron daños durante el estallido social, en lugar de respaldar a las víctimas.
Adriano Ventura Cerisola
Cierre comercial en eventos electorales
Como Asociación de Marcas del Retail, deseamos expresar nuestra preocupación respecto al reciente cierre del comercio durante el plebiscito constitucional del 17 de diciembre pasado. Este evento, si bien fue vital para la participación cívica en nuestro país, ha dejado un impacto económico significativo en nuestro sector.
Según datos revelados por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el cese de las actividades comerciales en este día resultó en pérdidas aproximadas de 7.700 millones de pesos. Estas cifras no sólo reflejan un impacto financiero directo, sino que también subrayan la relevancia de este tema en el desarrollo económico del país.
Es crucial retomar este debate antes de las próximas elecciones, como las primarias del 9 de junio y las generales del 27 de octubre. Buscamos evitar perjuicios similares que podrían afectar nuevamente al sector. El comercio es un pilar esencial en nuestra economía, y encontrar un equilibrio entre la participación cívica y el funcionamiento comercial es imperativo para asegurar un desarrollo sólido y continuo.
Como asociación, estamos plenamente comprometidos en participar activamente en estas discusiones. Creemos firmemente que es posible encontrar soluciones que salvaguarden tanto el derecho a participar en eventos cívicos como la estabilidad y crecimiento del sector comercial, preservando así el bienestar de los consumidores y del retail.
Esteban Halcartegaray, presidente de la Asociación de Marcas del Retail
Lobby
A la luz de los recientes acontecimientos que se han hecho públicos relacionados con una larga serie de reuniones con autoridades que no se ajustaron a las normas de la Ley 20.730, sobre el Lobby; se aplaude la cerrada y acertada defensa que esta normativa ha tenido desde todos los sectores del mundo público y privado.
Muchos hemos sido injusta e irresponsablemente fustigados públicamente, por solicitar audiencias y reuniones vía Ley de Lobby, con el objetivo claro de generar un descrédito. Sin embargo, es fundamental destacar que la promoción, defensa o representación de interés particulares, debidamente regulada, es esencial para cualquier país.
En una democracia sana, la posibilidad y las reglas que permitan a los ciudadanos y a los grupos de interés ser debidamente escuchados, es fundamental. Esta posibilidad, ejercida de manera transparente y pública, contribuye significativamente a mejorar la actividad de los legisladores y de los poderes públicos.
Hoy, con el contraste adecuado, resulta evidente que la Ley de Lobby, como canal normado, es la vía correcta y un beneficio para la sociedad, dada su transparencia y articulación normativa.
Carlos Baeza, abogado