Gobierno y Ley corta de isapres: "La norma aprobada infringe la Constitución"
TRÁMITE. Dieciséis parlamentarios acudirán este viernes al Tribunal Constitucional para buscar el veto a la mutualización. El Ejecutivo, en cambio, confía en que la tramitación en la Cámara corregirá esta indicación aprobada en el Senado.
Pese a que el Senado aprobó el lunes la mutualización de la deuda de las isapres con sus cotizantes, las discrepancias han ido creciendo, ya que esta propuesta de la oposición aprobada por mayoría en la Sala rebaja el monto de devolución de los 1.180 millones de dólares a 451 millones de dólares, lo que de acuerdo con legisladores oficialistas no cumple con el fallo de la Corte Suprema y además sería inconstitucional.
Ayer un grupo de integrantes del Senado, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, anunciaron que preparan una presentación ante el Tribunal Constitucional para que elimine esa indicación. Juan Luis Castro (PS) afirmó en el Diario Financiero que la indicación opositora aprobada "es categóricamente un salvataje" a las aseguradoras privadas de salud.
Por ello, expuso que "ya hay 16 senadores del oficialismo que han firmado el documento para ser presentado, esperamos el viernes (mañana), en el Tribunal Constitucional. Ya estamos trabajando, hay reuniones de los equipos de abogados y esperamos en los próximos tres días que esto se concrete formalmente en una presentación que permita recoger cada planteamiento de fondo que nos indica que se transgredió la Constitución y un fallo judicial".
El senador Iván Flores (DC) añadió en radio Cooperativa que "lo que estamos haciendo es justamente intentar dar certeza y cumplir un fallo judicial, ni más ni menos, y por esa razón vamos a concurrir al Tribunal Constitucional. No puede ser que las alzas probables sean -al menos en la mitad de las isapres- sin techo. Vamos a tener una montaña rusa de alzas y bajas, porque ahora en enero se rebaja el ajuste de la prima GES y hay isapres que se mantuvieron dentro del valor que correspondía, alrededor de 10 UF, pero hubo otras que cobraron 25 UF por la prima GES y tienen que devolver".
Sin embargo, desde la oposición, Luis Pardo, exdiputado RN y director ejecutivo del Instituto Libertad, afirmó en radio Cooperativa que las "no podemos decir que por arte de magia se van a bajar todos los planes y nadie va a pagar la diferencia. Hay que fijar cuánto deben pagar las isapres. La mutualización lejos de ser un perdonazo, es volver al concepto de un seguro".
Gobierno se mide
El ministro de Justicia, Luis Cordero, coincidió con los oficialistas: "El Ejecutivo sostiene que la norma, como ha sido aprobada en estos términos, infringe la Constitución en dos sentidos. Uno, porque afecta la iniciativa exclusiva del Presidente. Y en segundo lugar, porque supone infringir la regla del artículo 76 de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales. El Ejecutivo ha dado razones de por qué considera que eso es así y durante la tramitación en la sala hizo reserva de constitucionalidad sobre el punto".
No obstante, por ahora el Gobierno se resiste a recurrir al TC y Cordero afirmó con cautela que "el Ejecutivo considera que todavía queda un trámite en la Cámara de Diputados", para revertir la situación.
"Sin perjuicio de eso, los senadores tienen el legítimo derecho de plantear la cuestión de constitucionalidad ahora ante el Tribunal Constitucional, pero es un asunto que el Ejecutivo se pronunciara sobre la oportunidad una vez que se presente el escrito", añadió y recalcó que se trata de una "discusión sustantiva" y que "hay un acuerdo del problema constitucional que tienen esas normas".
DC pide aumento de capital
Junto con afirmar que todos sus diputados rechazarán la mutualización cuando se retome la discusión de la ley corta de isapres en marzo, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, afirmó que quienes deben pagar son "los dueños de las isapres, porque ellos son los que generaron el problema y ellos son los que retiran las utilidades de esa mayor alza cobrada en el pasado. ¿Y cómo se hace eso? A través de aumentos de capital, obligatorios, con toda la certeza jurídica para que sea viable económicamente".
