La Corte de Apelaciones de Santiago se pronunciará durante estos días sobre el recurso presentado por Gendarmería para dejar sin efecto el dictamen del juez Daniel Urrutia, quien autorizó a 13 reos de la cárcel de alta seguridad para realizar videollamadas. Algunos de ellos están vinculados al homicidio de un carabinero, así como al Tren de Aragua. El ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó ayer de "ilegal" la decisión del juez.

La resolución de Urrutia "contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad", señaló Cordero, junto con que en el proceso penitenciario "no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento", como argumentó el juez en un documento enviado a la Corte.

"El Ejecutivo tiene una sola opinión y es que, dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, (...) es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión", sostuvo el ministro.

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), dijo hace unos días que el dictamen de Urrutia "es gravísimo", frente a lo cual ayer, su correligionario, el diputado Matías Ramírez, respondió que "cada resolución se dicta en consideración a los antecedentes del proceso y las alegaciones de los intervinientes. En ese contexto, no existiendo y no habiéndose solicitado por parte del Ministerio Público la incomunicación para los imputados, se determinó, bajo el resguardo de Gendarmería, dar lugar a ciertas comunicaciones con la red de apoyo de los imputados".

El legislador añadió que "si existen nuevos antecedentes, estos deben ser debatidos en el tribunal competente, pero no corresponde iniciar una persecución contra un magistrado que resolvió una solicitud en el marco del derecho nacional e internacional. Lo que plantean algunos parlamentarios de derecha sobre expulsar a un juez por una resolución, es propio de una cultura dictatorial que enaltecen continuamente".

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, señaló que el magistrado "está poniendo en riesgo a las víctimas del crimen organizado", por lo que su partido solicitó una "suspensión" de funciones. "Lamentablemente no ha estado a la altura, y se ha saltado el Poder Judicial, a Gendarmería y al propio Gobierno", señaló.

Amenazas

Urrutia, además, declaró haber recibido amenazas de muerte tras ser conocida la autorización de las videollamadas, frente a lo cual Cordero dijo esperar que hayan "sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva, que sería el Ministerio Público para estos efectos. El Ejecutivo no tiene constancia en antecedente de eso".

El titular de Justicia también ha sido amenazado, a través del lanzamiento de panfletos, en las inmediaciones del Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ubicado en el límite de las comunas de Santiago y San Miguel.

La jueza Gloria Ana Chevesich señaló que este tipo de acciones "es un asunto que preocupa a la Corte Suprema, en cuanto que todos los jueces, las juezas de los diferentes tribunales del país, tienen que tener la máxima tranquilidad para poder desempeñar sus funciones".