Este lunes, y de forma inédita, sesionará en Arica el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el fin de analizar la situación del denominado "Caso Conscriptos".

La medida busca manifestar la posición del organismo, que ha insistido en que el Juzgado de Garantía de Arica vea la causa en la justicia civil y no sea la justicia militar la que continúe la investigación de la fatídica marcha de una unidad del Ejército en Putre.

Este sábado la ministra en visita del Poder Judicial, Jenny Book, dictó una resolución que inhibe la competencia del Juzgado de Garantía y ordena que la justicia militar siga a cargo.

"Para el INDH lo que ocurrió en Putre corresponde a violaciones a los derechos humanos. Estas las debe investigar la justicia ordinaria (...) los tribunales militares carecen de independencia e imparcialidad para conocer estos agravios", afirmó Consuelo Contreras, directora del INDH.

Hoy, desde las 14:00 horas, se votará el proyecto de Ley corta de Isapres, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, con la presión adicional de que ayer se inició el plazo de cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que obliga a las aseguradoras de salud a establecer una tabla única de factores y a devolver excesos a los afiliados por más de 1.400 millones de dólares, efectos apuntados como elementos que podrían inviabilizar el sistema privado de salud.

La votación que ocurrirá esta jornada sucede a una discusión extensa, de varios meses y que generó al Ejecutivo desgaste incluso en sus propias filas, considerando que varios parlamentarios oficialistas -del PS y el PPD, además de algunos del Frente Amplio- han manifestado su oposición al proyecto. "Va en contra de nuestros principios, representa una renuncia importante desde esa perspectiva y por eso no lo voy a respaldar, voy a rechazar este proyecto en la sala", dijo por ejemplo Raúl Soto.

Ayer la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, consultada por las posiciones disidentes en el propio oficialismo aseguró que "es evidente que cuando uno forma parte de una coalición de gobierno, tiene que estar con ese gobierno, eso incluye a todos los parlamentarios, no solo a los del Partido Comunista".

Pese al escenario convulso, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, mostró en La Tercera su confianza por el resultado que podría haber hoy. A su juicio es positivo "poder avanzar en un proyecto que tiene todos los elementos necesarios para dar estabilidad al sistema y no haya una disrupción (…) da certeza, evita una crisis abrupta y se dan oportunidades para que la industria asuma las responsabilidades en mejorar procedimientos".

La secretaria de Estado valoró que el proyecto, además de garantizar la continuidad de las isapres, añadirá elementos novedosos como el término de la discriminación y destacó que fue el propio presidente Boric quien le encomendó liderar una iniciativa de salvataje al sistema privado, pues "no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas".

Cumplimiento

El superintendente de Salud, Víctor Torres, expresó también optimismo respecto a que el proyecto pueda ser aprobado en el Congreso, de manera de asegurar la viabilidad del sistema privado. No obstante, al margen de que como avance la votación, aseguró que se dará comienzo al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. "No hay más plan B que se cumpla el fallo", dijo en TVN.

"Desde mañana (hoy) nosotros empezamos a cumplir el fallo. Eso significa que una vez que el Congreso vota, partimos emitiendo la primera circular de varias. Esta sentencia no se va a cumplir sólo con una circular, sino con varias que van a ir instruyendo las distintas etapas (…) En ambos escenarios la circular va, porque lo que establece en definitiva es el cumplimiento de lo principal de la sentencia, que es la aplicación de la tabla única de factores", añadió.

La autoridad, de todos modos, también destacó que la ley corta traerá beneficios, entre ellos, mejoras a las prestaciones que entrega el Fondo Nacional de Salud, más aún luego del masivo éxodo de usuarios que han pasado del sistema privado a la entidad pública el último año.