Correo
Venta ilegal de medicamentos
Esta situación se ha transformado en una de las principales preocupaciones de las autoridades de nuestro país, debido a los riesgos para la salud pública.
El comercio ilegal de productos farmacéuticos en la vía pública, así como en redes sociales, ferias, estaciones de metro y otros lugares, atenta contra la seguridad, calidad y eficacia de un tratamiento farmacológico.
Entre las consecuencias que se pueden registrar por haber comprado medicamentos en el comercio ilegal, se encuentran el empeoramiento de síntomas, intoxicaciones, reacciones adversas e incluso aparición de otras patologías.
Adquirir medicamentos en lugares no autorizados para su dispensación significa: desconocer su procedencia, exposición a productos adulterados, acceder a medicamentos distintos al prescrito por el médico, desconocer si cumple con las condiciones de temperatura y almacenamiento adecuados, pudiéndose degradar los principios activos, aumentando la probabilidad de que el fármaco produzca daño hepático, renal, y otros problemas relacionados con medicamentos.
Quienes venden y compran medicamentos en el comercio ilegal no se preocupan del bienestar de la población, la compra por esta vía aporta a la delincuencia y pone en riesgo la vida. Los medicamentos solo deben ser adquiridos en farmacias, las cuales son centros de salud, dirigidas por un químico farmacéutico, profesional especialista en medicamentos, quien podrá orientar a la población y educar sobre el correcto uso de ellos, y efectos no deseados.
Fernando Torres Moscoso, U. Andrés Bello
Desconfianzas
Llama la atención que asesorada por el INDH, la familia del conscripto Vargas, lamentablemente fallecido durante su servicio militar en Arica, pida que las circunstancias de su muerte sean analizadas por la justicia ordinaria, porque la justicia militar no les "da garantías" y "hay desconfianzas", mientras el ministro de Justicia, Luis Cordero, argumenta que existe una "injustificada desconfianza" hacia el sistema penal y el Ministerio Público por parte de la oposición, cuando se discute reponer la aplicación de la Justicia Militar dentro del proyecto sobre las reglas de uso de la fuerza (RUF).
¿De verdad la justicia chilena depende de las sensibilidades o tendencias de las partes más que de los hechos constitutivos o no de delito? Quizás ahí está nuestro verdadero problema.
Claudia Fuentes Bozzolo
¿Debemos prohibir los celulares?
Según estimaciones, más del 80% de los adolescentes de entre 12 a 17 años tienen un celular en Chile. Lo utilizan para comunicarse, entretenerse, aprender y obtener información. Bien es sabido que la relación de los jóvenes con la tecnología es intrínseca a su desarrollo social educativo, por lo que las medidas que algunos establecimientos educacionales del país han adoptado con respecto a su prohibición en colegios resulta casi antinatural.
La experiencia a nivel mundial demuestra que el uso controlado y guiado de tecnologías móviles en el aula puede mejorar significativamente el aprendizaje.
En este contexto, debemos reflexionar cómo podemos utilizar dispositivos móviles como celulares y tabletas para el aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. Si incorporamos estos recursos tecnológicos en la sala de clases de manera consciente y responsable, proporcionaremos a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más rica, diversa y significativa que los preparará para comunicarse de manera efectiva en un mundo globalizado.
Como sociedad deberíamos centrarnos en la educación en lugar de prohibir. Necesitamos educar a familias, niños y jóvenes a manejar sus dispositivos móviles responsablemente, fomentando un uso racional como complemento de la educación.
Es esencial que reconsideremos el modo en que abordamos la integración de la tecnología en la educación. Prohibir representa ignorar la opción de poder adaptar nuestro sistema educativo al siglo XXI.
Lorena Maluenda Parraguez, U. Bernardo O'Higgins