En nuestro país, los accidentes de tránsito son la primera causa externa de muerte en niños de 1 a 14 años. Por ello fue que la entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Tránsito estableció medidas de seguridad para el traslado de niños en vehículos particulares. Así, los menores de 9 años deben viajar con un sistema de retención infantil y sólo podrán ir en el asiento del copiloto los mayores de 12 años.

Al disponerse el traslado de los menores a los asientos traseros y el uso de una silla de seguridad cuando corresponda, las autoridades consideraron que los airbags no están diseñados para niños, sino que para adultos. Por ende, estos no los protegerían en caso de accidente, por lo que llevarlos en la parte posterior reduce la posibilidad de un desenlace fatal. De hecho, desde que está vigente esta legislación, desde de 2017, se han reducido un 51% los menores fallecidos en siniestros de tránsito.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el uso de sillas para niños y niñas puede reducir entre un 50% y un 80% las lesiones mortales y graves de bebés y niños ante un accidente vial. Por ello, este sistema de retención se convierte en algo indispensable para la seguridad de los menores.

También se ha sugerido a los padres elegir la ruta más conveniente y segura para la ida al colegio y para el regreso. Se debe considerar además que en las horas peak el flujo vehicular se incrementa, provocando retrasos, lo que obliga a planificar la ruta diaria, evitando también hacer maniobras arriesgadas, todo con el fin de velar por su propia seguridad y la de sus hijos.

Las cifras publicadas por el DEMRE sobre la admisión 2024 revelaron el enorme interés que existe por parte de los estudiantes en situación de discapacidad de ingresar a las universidades chilenas. En el reciente proceso fueron nada menos que 12 mil personas quienes solicitaron apoyo o medidas adicionales -de acuerdo a su discapacidad o necesidad educativa especial- para la rendición de la última PAES, versus apenas 92 personas que lo pidieron en 2017.

Se trata de un tremendo avance, ya que muestra que los jóvenes con algún grado de necesidad especial están confiando en el sistema educativo chileno para continuar su desarrollo profesional. Y esa es una gran noticia, luego que hace seis años se promulgara la Ley de Educación Superior, en la cual -entre otros tantos aspectos- se estableció la eliminación y prohibición de toda forma de discriminación realizando los ajustes necesarios para hacer efectiva la participación y presencia de personas con discapacidad.

Sin embargo, aún no podemos alegrarnos del todo: el proceso 2024 reveló también que aún hay brechas importantes que debemos remontar.

Por ejemplo, si vamos a los puntajes obtenidos en la PAES, quienes tienen algún grado de discapacidad logran números que son un 50% menores al promedio general. Y además la duración real de sus carreras es más larga. Entonces aquí hay algo que no estamos viendo o apoyos que no están siendo prestados.

¿Qué hacer?

Primero, tener claridad de cuánto debemos abarcar y cuáles serán las directrices para avanzar a la inclusión universal. Segundo, conocer cuál será el presupuesto que el Estado tiene considerado para ello. Paralelamente, con lo que ya está establecido es sustancial avanzar a una docencia que incorpore efectivamente, y en todos sus niveles, una mirada inclusiva, con metodología, mecanismos y fórmulas que aseguren una real incorporación de estos estudiantes. Para ello, resulta sustantivo potenciar la preparación de los futuros profesores en estos aspectos durante su formación cuando cursan carreras de pedagogía en las universidades.

A nivel institucional, en tanto, las universidades del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH) hemos dado pasos importantes en este camino, generando medidas y equipos técnicos para abordar estos desafíos planteados también en los procesos de acreditación institucional. Además, desde las instituciones del CUECH contamos con una Red que coordinamos desde la UFRO que está trabajando en un diagnóstico del estado actual de la inclusión en todas las universidades estatales, para avanzar en la generación de criterios comunes para las vías de acceso para estos alumnos.

A nivel individual las universidades hemos puesto en marcha programas de acceso y acompañamiento, por ejemplo, habilitando aulas con tecnologías adecuadas y prestando apoyo real de psicólogos, educadores diferenciales, trabajadores sociales y expertos en tecnologías, entre otros. Pero aún falta.

Por eso, hago un llamado a volver a mirar la situación actual y a potenciar las mejoras que nos lleven a un mayor avance en la inclusión de estudiantes con discapacidad, quienes por su enorme fortaleza, compromiso y capacidad de trabajo, tienen mucho que entregar a sus pares y también a nuestro país, siendo profesionales esenciales para un mejor Chile.

Eduardo Hebel,

rector Universidad de La Frontera