Una agria jornada tuvieron ayer las ya tensas relaciones entre el Partido Comunista y el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, del que son parte como uno de sus pilares importantes desde la formación de Apruebo Dignidad, pacto original que llegó a La Moneda en 2022. Las heridas del allanamiento del fin de semana el Villa Francia hicieron escalar el conflicto en el que hubo choques entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, el presidente del PC, Lautaro Carmona, y otros actores.

Tras los conflictos por la salida de Juan Andrés Lagos como asesor de Interior y la medida cautelar que mantiene encarcelado al alcalde Daniel Jadue, el operativo policial hirió la sensibilidad del PC, ya que se produjo cuando se conmemoraba la muerte de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en marzo de 1985 en ese sector de Estación Central. Entre los inmuebles intervenidos estuvo el que ocupa Radio Villa Francia, donde fueron encontradas armas de fuego y elementos explosivos.

Representantes del Partido Comunista acusaron falta de sensibilidad, un posible montaje, dudaron de la transparencia del operativo y del respeto a los derechos humanos durante su desarrollo.

Esto dio pie a una dura respuesta de la jefa de gabinete: en CNN Radio afirmó que "me enojo con que se utilice o se manipule una historia ligada a los DD.HH. para cometer actos violentos en democracia".

Tohá reconoció que "ha habido una serie de situaciones complejas con el PC, se han repetido varios episodios por distintas razones, muchos de ellos yo creo que tienen que ver con temas internos del PC, sin embargo, cuando una fuerza política es parte del Gobierno, tiene algunas obligaciones que van por encima de su dinámica interna. Yo espero que se resuelvan y espero que no se repitan".

A estos dichos se sumó la declaración de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien afirmó en radio Cooperativa que "pareciera haber un Partido Comunista que está en el Gobierno y uno que está contra el Gobierno, y a veces en particular contra el Ministerio del Interior".

Ante ello el presidente del PC, en el mismo medio, respondió a la alusión de problemas dentro del partido hecha por la ministra del Interior: "Me sorprende que la ministra asocie las posiciones del PC a temas internos del PC. Es una hipótesis que puede generar confusión. No es respetuoso ni bueno".

Luego, sobre Vodanovic, Carmona dijo que fue "a lo menos, falta de respeto e imprudente. Nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones, cuando hay una relación tan directa".

La bancada de diputados de la colectividad también arremetió contra la jefa de gabinete. La más furibunda fue la legisladora Lorena Pizarro, quien afirmó que "la molestia de la ministra Tohá desvía la atención de lo central: si aquí de verdad estamos frente a un hecho que podemos llamarlo un montaje".

Funcionario de Culturas

En otra arista del caso, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que Marcelo Garay, uno de los detenidos en el operativo en Villa Francia que quedaron en prisión preventiva, mantiene contrato como fotógrafo con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas.

Ante ello, la autoridad afirmó que tras ser formalizado por tenencia ilegal de armas e infracción a la ley de drogas, "cualquier relación contractual con cualquier institución que dependa del Gobierno se va a terminar de inmediato".

climática

En pleno siglo XXI, enfrentamos desafíos colosales como la crisis climática global. Según un uniforme publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional chileno de "los residuos sólidos municipales, el 98,2% va a disposición final mientas que solo 0,9% es enviado a algún tipo valorización" (2022, p.2). Esto lleva a preguntarse: ¿en qué se fundamenta la legitimidad de la acción pública sobre la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios (RSD)?

El programa "Gobernanza para la reducción de residuos sólidos domiciliarios en la Asociación de municipalidades Malleco Norte (FNDR, BIP 40047132-0)", nos ofrece una perspectiva valiosa. Este programa se basó en la educación de diversos actores: la sociedad civil, los funcionarios municipales, los recicladores de base, y otros actores clave en la reducción de RSD. Durante este programa, 129 funcionarios y ciudadanos participaron en diplomados universitarios sobre gobernanza ambiental y 560 personas de la sociedad civil recibieron educación ambiental a través de talleres locales. Esta formación no sólo buscó desarrollar competencias prácticas, sino también estimular comportamientos responsables, promoviendo el diálogo y la interacción para la prevención y reciclaje.

La experiencia nos enseñó que la calidad del diálogo mejora con los conocimientos y experiencias de los participantes. Por lo que imaginamos que la legitimidad de la acción pública debe fundarse en la educación, para promover diálogos fructíferos en el ámbito de RSD facilitando así la coordinación y cooperación. La implementación del programa permitió que los actores territoriales y la academia obtuvieran aprendizajes e innovaciones valiosas al respecto.

No obstante, no basta con desarrollar competencias mediante procesos de educación. La legitimidad de la acción pública, imaginamos, también debe basarse en garantizar las capacidades, es decir, proporcionar las condiciones necesarias que hagan que la coordinación y la cooperación sean eficaces en la reducción de RSD. Por ejemplo, el programa implementó 24 centros de recolección de RSD en las cuatro comunas de la Asociación.

Falta mucho para que todos los territorios a nivel nacional reciban la educación y condiciones necesarias para reducir los RSD. Consideramos que la Ley 20.920 conocida como Ley REP es un avance. Sin embargo, el delegar responsabilidades, por ejemplo, a las municipalidades sin la capacitación y condiciones adecuadas y sin un sistema de gestión científico que garantice la organización necesaria que lleve a la economía circular, es un desafío mayor para aumentar el porcentaje de RDS valorizados.

En el próximo Congreso Internacional sobre Evaluación de la Gobernanza y del Valor Público, que se celebrará en la ciudad de Temuco, Chile, el 21 y 22 de noviembre, estaremos convocados a un diálogo crucial sobre la crisis climática y la legitimidad de nuestras acciones públicas. Los principales investigadores, líderes de opinión y referentes en la materia discutirán sobre cómo crear un futuro sostenible, social y económicamente responsable.