El descongelamiento de las tarifas eléctricas es una situación difícil y compleja que afectará a toda la población en sus diferentes ámbitos: residencial, industrial, educativo, sanitario, agrícola, entre otros. Sin embargo, es una decisión responsable que ha tomado el gobierno con miras al futuro para evitar problemas aún mayores, como el endeudamiento del país, la mala reputación internacional y la pérdida de oportunidades de desarrollo.
La Ley de Estabilización Tarifaria, discutida intensamente durante más de dos años y aprobada por amplia mayoría en el parlamento, representa el primer paso hacia la resolución de este desafío. Esta ley contempla un aumento gradual, no drástico, de las tarifas, un subsidio eléctrico destinado a proteger a la población más vulnerable y la creación de una mesa técnica que propondrá alternativas para frenar las alzas. Esto último beneficia a toda la población del país.
Ante las peticiones de distintos actores de la sociedad, incluyendo alcaldes, parlamentarios y organizaciones civiles, sobre lo insuficiente que es el subsidio eléctrico para mitigar el impacto inicial del descongelamiento, el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha escuchado y se ha comprometido a enviar un proyecto de ley durante el mes de agosto. Este proyecto se centrará en tres ejes principales: ampliar la cobertura del subsidio en cuanto al número de hogares y su duración; incluir explícitamente a grupos vulnerables como los electrodependientes, y realizar reformas al mercado eléctrico para reducir el costo de la electricidad para los clientes finales. Además, se evaluarán opciones para generar los recursos necesarios y satisfacer las demandas planteadas.
El escenario actual nos plantea una disyuntiva: optar por soluciones tradicionales o explorar alternativas para impulsar un nuevo modelo de desarrollo energético que ponga a la ciudadanía en el centro de la solución y la convierta en protagonista del proceso.
Impulsar la generación distribuida puede ser un pilar fundamental en esta transición hacia soluciones sostenibles y autónomas, menos dependientes de factores externos que no podemos controlar ni prever.
La generación distribuida o "Net Billing" como también se conoce, está regulada por la Ley N° 20.571 que entró en vigor el 2014, y permite a los usuarios instalar sus propios sistemas de autogeneración y vender los excedentes a la red de distribución a un precio regulado. La ley otorga este derecho a todos los clientes regulados, siempre que la fuente de generación sea renovable o de cogeneración eficiente y que la capacidad instalada no supere los 300 kW.
Hasta la fecha, se han instalado un total de 248 MW a nivel nacional, con 5,7 MW en nuestra Región, correspondiente a 1.221 instalaciones
El desarrollo de la generación distribuida en la Región puede ofrecer grandes oportunidades, como la creación de empleo local, la reactivación económica, la acumulación de experiencia y el impulso a las cooperativas, posicionándonos como un referente nacional en capacidad de generación distribuida.
La Región de La Araucanía no sólo marcaría la pauta en el país, sino también podría hacerlo en el ámbito energético.
Camilo Villagán,
seremi de Energía
