El pasado 17 de julio, en radio Biobío, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, responsabilizó a los mapuche de las altas cifras de desempleo en la Región. A ellos y "a la permisología actual con exigencias desproporcionadas", agregó en referencia al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el propio Convenio 169 de la OIT, ley de la República que consagra derechos indígenas y que obliga a consultar a las comunidades sobre proyectos o iniciativas susceptibles de afectarles. Todo ello, a juicio de Santibáñez, no sería otra cosa que "una barrera para el progreso".
Sus dichos, hay que decirlo, revelan una doble ignorancia.
Por un lado, ignorancia sobre la global toma de conciencia que desde la década de los noventa, gobiernos, organismos multilaterales y sociedad civil han asumido respecto del planeta y los negativos impactos ambientales de ciertas actividades industriales. Lo reconozco, hay quiénes descreen de ello: de la crisis climática, de la extinción acelerada de especies y también de que la Tierra es redonda. Allá ellos y sus delirios. Y por otro lado, ignorancia sobre un convenio internacional indígena que, ante todo, es un muy oportuno manual de buenas prácticas. Patricio, el Convenio 169 se origina en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) precisamente por su carácter de mediador en la relación Empresa / Estado / Pueblos indígenas. Bajo esa mirada, que es aquella de la oportunidad y no la del conflicto, su correcta observancia bien podría significar un puente y no una barrera. Ello implicaría una triple aceptación de la Multigremial: que el pueblo mapuche existe, que sus derechos son dignos de respeto y que el diálogo interétnico es la llave maestra para destrabar conflictos y zanjar controversias. Puede que esté pidiendo demasiado.
Santibáñez ni siquiera es original con sus aseveraciones. Digamos que culpar a los mapuche de las deficiencias del propio sector productivo regional ya califica como deporte. Su práctica es tan antigua como el fútbol, data de los años veinte. Por entonces también se culpaba a los mapuche del subdesarrollo, pero debido al no pago de contribuciones de sus tierras. Los municipios, se decía, dejaban de percibir millonarios recursos por culpa de tal "privilegio". ¿Qué hicieron entonces los Santibáñez de la época? Abogaron por la división de las comunidades y la incorporación de la propiedad indígena al régimen tributario común. Los apoyó entusiastamente el diputado Rudecindo Ortega. Pero el tiro les salió por la culata. Resultó que debido a la voracidad del saqueo huinca, la propiedad mapuche resultante no superaba las dos o tres hectáreas por título y, nuevamente, esta vez bajo la ley común, quedó exenta de pago. Al final solo Ortega salió ganando: una avenida de Temuco nos lo recuerda hasta nuestros días.
Décadas más tarde el discurso fue otro: un "cordón suicida" de comunidades mapuche ahogaba Temuco y otras ciudades de la Región, impidiendo su normal crecimiento y desarrollo. Falacia tras falacia. ¡Si hasta la crisis del agro de mediados de siglo era culpa de los mapuche! Nada tenían que ver la mantención del gran latifundio y una estructura agraria tradicional, arcaica e ineficiente, anclada por lo demás en otro siglo. No, el obstáculo para la modernización de la agricultura sureña tenían que ser los mapuche. ¡Hasta cuándo señores con la misma cantinela! Bien haría Santibáñez en actualizar su repertorio de quejas. O bien opinar menos y trabajar más.