El 1 de agosto comenzó a regir la normativa 21.643, conocida popularmente como Ley Karin. Esta reforma al Código del Trabajo, que da cumplimiento a las disposiciones del Convenio 190 de la OIT, ratificado por Chile en 2023, introduce mejoras significativas en la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el ámbito del trabajo. Sin embargo, antes de destacar sus beneficios, es fundamental aclarar ciertas imprecisiones sobre su contenido, las cuales, al estilo de una fake news, se han difundido ampliamente.

En este contexto, plantea el académico de Derecho de la Universidad de Las Américas, resulta alarmante una noticia que ha circulado durante los últimos meses, cuyo contenido y estructura fueron replicados casi literalmente por medios digitales. En los comentarios de redes sociales, se multiplicaron opiniones que por ejemplo decían: "ya no se podrá decir o hacer nada en el trabajo porque será acoso laboral". El titular de la noticia declaraba: "Las 18 conductas que serán delito en el trabajo". Es crucial aclarar que la Ley Karin no establece delitos, ya que estos pertenecen al ámbito del derecho penal, ni tipifica o prohíbe ninguna de las 18 conductas mencionadas en la noticia. La desinformación no sólo distorsiona los avances en las leyes laborales, sino que también genera resistencia en parte de la población.

Esta normativa gestionada en memoria de Karin Salgado, funcionaria de salud pública que se quitó la vida tras un prolongado acoso laboral, representa un avance significativo en la erradicación de todo tipo de violencia en el entorno de trabajo, sin necesidad de crear nuevos delitos, pero con una definición amplia que debe aplicarse según cada caso, logrando un importante avance en el proceso de eliminación de la violencia en entornos profesionales.

Cuando en el año 2018 en la Ley 21.073 se consolidó la descentralización del gobierno nacional transfiriendo funciones, limitadas por cierto, pero en ningún caso obstaculizadoras para realizar gestiones, a los nuevos gobiernos regionales, representados por un gobernador regional electo democráticamente, se observó un primer paso para agilizar la transferencia de recursos a los sectores más vulnerables.

El año 2020 vimos una pugna de ocho candidatos, quienes se enfrentaron en medio de la pandemia, en un escenario de crisis e incertidumbre política y social, para ocupar el sillón de la máxima autoridad regional. Finalmente Luciano Rivas ganó en la segunda vuelta a Eugenio Tuma, en un día lluvioso donde la participación fue de 11% del padrón electoral regional, y donde el gran perdedor fue Tuma, quien perdió 40.000 votos, mientras que Rivas logró reunir 10.000 votos más que le dieron el triunfo.

El único gobernador regional electo en Chile de centro derecha (Evópoli, respaldado por Chile Vamos), fue la esperanza del sector político que siempre ha dominado en nuestra región. Esta ilusión de tener un gobierno regional proactivo, que activara el crecimiento y otorgara seguridad a las 32 comunas se vio rápidamente opacada por el escándalo del "Caso Convenios'', donde se descubrieron transferencias irregulares de fondos públicos administrados por el Gore hacia fundaciones con nula experiencia, que en la práctica no realizaron las actividades a las cuales se habían comprometido, y que en muchos casos tenían vínculos familiares, afectivos y de amistad con funcionarios del Gore, incluyendo al mismo gobernador Rivas.

En este momento en la Región de La Araucanía se investiga el destino de $44.000 millones de pesos cuya dudosa administración está siendo cuestionada por la Fiscalía Regional, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado. Desde un punto de vista ético cabría suponer que estos hechos bastarían para que los partidos de oposición le quitaran el respaldo al actual gobernador, quien a todas luces ha hecho una labor deficiente en cuanto a gerenciar una corporación tan relevante como lo es el Gobierno Regional. Para contrastar esta posición se debe observar el mundo privado, con las mismas condiciones, un gerente habría sido despedido y denunciado por los propietarios de la empresa. Lo mismo pasaría en otras instituciones con responsabilidad jerárquica como Carabineros de Chile, en el cual un comandante siempre debe asumir la responsabilidad por las faltas que cometen sus subordinados.

Hoy, La Araucanía tiene la oportunidad de elegir su futuro gobernador regional entre seis candidatos. Luciano Rivas, quien representa la continuidad del Gore actual, ahora en calidad de imputado; René Saffirio, un político con más de 50 años en cargos públicos; César Vargas, coronel de Carabineros ® con más de 32 años de servicio público y 10 años de experiencia en el mundo privado; Luis Penchuleo, exdirector de Conadi; Jorge Retamal, exmilitante de Evópoli, con una trayectoria en el mundo privado y Pablo Díaz, representando al PDG, con formación técnico-profesional, recientemente asentado en Villarrica. En octubre, la decisión estará en manos de los 900.000 votantes de La Araucanía.

Al momento de elegir conviene recordar la frase del filósofo George Santayana: "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo".