Una positiva noticia nos mostró el último informe de matrículas de la Subsecretaría de Educación Superior respecto a la inclusión en el sector. Actualmente 5.451 personas con discapacidad cursan una carrera de pregrado en las universidades, cifra que representa un alza de más de 1.000 estudiantes respecto a 2023.
De hecho, si se consideran los últimos dos años, se ha registrado un aumento en las matrículas de un 68%, dando cuenta del mayor interés y las menores barreras para que personas con discapacidad puedan ingresar a la educación superior. Esto también está refrendado en la rendición de la PAES, donde sólo para la admisión 2024 más de 12 mil postulantes solicitaron contar con alguna adecuación para dar la prueba versus apenas 92 personas que lo hicieron en 2017.
Se trata de una buena noticia, que a su vez nos presenta diversos desafíos, sobre todo para avanzar hacia una inclusión aún más universal y que asegure, no sólo la formación de estos jóvenes, sino también su incorporación al mundo del trabajo.
Para ello, desde hace algo más de 60 días, Chile cuenta con una actualización de la Ley 21.015 de Inclusión Laboral, que, entre otros aspectos, duplica la cuota mínima de contratación de personas con discapacidad en empresas y en el sector público, además de generar mayores fiscalizaciones para el cumplimiento de esta normativa.
Sin embargo, aún hay bastante que hacer para que esta ley tenga un correlato real.
Así al menos lo planteó un grupo de parlamentarios durante la tramitación del proyecto, que afirmó que sólo una de cada cuatro empresas cumplía con la cuota de incorporación vigente del 1%. Mientras, el último registro de la Medición de Inclusión Laboral Empresarial (MILE) detalló que la tasa de contratación de personas con discapacidad alcanzó el 1,2%, aumentando en un 23% respecto a 2023.
Al analizar en detalle la presencia de personas en situación de discapacidad en el mercado laboral, según datos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, se registra una tasa de ocupación del 28,7%, donde sólo uno de cada cinco cuenta con educación superior completa, es decir, es un profesional titulado.
Además, hay una brecha de género importante, pues de acuerdo a la última Medición de Inclusión Laboral Empresarial, solo el 39% de los contratados con discapacidad corresponde a trabajadoras. Esto cobra mayor relevancia si se considera que sobre el 60% la personas con discapacidad son precisamente mujeres.
De esta forma, si bien podemos alegrarnos pues hay un mayor ingreso a la educación superior por parte de las personas en situación de discapacidad, como sociedad debemos ser capaces de entregarles las oportunidades que se traduzcan en un acceso efectivo al mundo trabajo. Sin embargo, debo agregar que, para continuar y avanzar en ello, las universidades debemos contar con recursos que nos permitan poner en marcha todas las iniciativas que hemos creado para atender y dar respuesta a esta sentida demanda. Sólo así podremos seguir comprometidos con las personas y con Chile, logrando una verdadera inclusión.
Eduardo Hebel,
rector Universidad de
La Frontera
