"El traslado de la cárcel (de Temuco) sólo es posible de realizar si tenemos un complejo penitenciario nuevo"
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega, ha tenido que enfrentar el crecimiento de un 44% de la población penal en los últimos años: de 39 mil encarcelados se pasó a 58 mil.
"Es la mayor cantidad de personas privadas de libertad que ha existido en el sistema penitenciario chileno", advierte Cordero.
"En La Araucanía también se necesita construir un nuevo complejo penitenciario, adicional a los que ya existen, pero no se ha hecho un estudio para establecer el lugar apropiado", complementa el ministro.
-Ya tenemos el diagnóstico. Se necesita otra cárcel en La Araucanía, pero hay que buscar dónde hacerla. ¿Qué viene ahora? ¿Quién se encarga de eso?
-El equipo de Infraestructura Penitenciaria, del Ministerio de Justicia y Gendarmería, tiene una larga experiencia en esto. Pero, para poder desarrollar este tipo de temas, es muy importante la labor de las autoridades regionales. En el caso de Temuco, recuerdo que el alcalde (Roberto Neira) me visitó y me expresó su legítima preocupación e inquietud por la ubicación de la cárcel de Temuco. Lo primero para el desarrollo de cualquier plan de infraestructura de estas característica, es la decisión de localización. Es lo más determinante y lo más complejo, porque una vez que se tiene el lugar, comienzan las oposiciones.
-¿Cuanto demora eso de encontrar un lugar para una cárcel?
-Hay regiones en donde ha demorado mucho, pero en otras, poco. Cuando hay compromiso con autoridades locales, es posible avanzar más rápido.
-Nadie quiere una cárcel de vecino...
-Todos quieren cárceles, pero nadie la quiere cerca. Ese problema es el que tenemos hoy. No haber desarrollado los proyectos de infraestructura penitenciaria que se habían pensado en los últimos 15 años, nos tiene en la situación actual.
-¿Qué tan factible es retirar la cárcel desde el centro de Temuco?
-Creo que es un deseo de la comunidad que sólo es posible de cumplir si tenemos un complejo penitenciario nuevo. Mientras no, es imposible, sencillamente. Esa conversación la tuvimos con el alcalde Roberto Neira y ahí él expresó su voluntad de ayudarnos a buscar un lugar en donde sea posible el desarrollo de un nuevo centro penitenciario.
-¿Y qué tan colapsado está el sistema penitenciario de la Región de La Araucanía?
-La Región tiene una sobrepoblación de un 67%. Es decir, está con una capacidad de un 167%. Está por sobre el promedio nacional de sobrepoblación, que es en torno al 135%. Pero el crecimiento de la población penal ha sido sostenido, en todas las regiones. Las únicas que están en una situación borde son Tarapacá, con un 94%, y Los Ríos, con un 90%.
-La cárcel que se necesita en la Región de La Araucanía, ¿es de mediana o alta complejidad?
-Las características de esta región es que tiene una población penal de bajo compromiso delictual, mayoritariamente. Las personas de alto compromiso delictual son un porcentaje muy acotado. Además, en La Araucanía hay tres Centros de Estudio y Trabajo (CET).
-Solo el dato: ¿cuantas cárceles nuevas necesita Chile?
-Cuantas plazas nuevas... tenemos 57 mil personas privadas de libertad y tenemos 42 mil plazas disponibles. Vendrá la Ley de Reincidencia y eso va a tener un impacto en el aumento de personas privadas de libertad.
Situaciones carcelarias
-Luego de que la Corte Suprema diera por cumplida la condena del comunero mapuche argentino, Facundo Jones Huala, han surgido voces desde la oposición que apuntan a que hubo una falla en el conteo de días. ¿Usted cree que hubo un error?
-Existió una tesis respecto de la contabilización de los plazos y eso fue lo que la defensa de Jones Huala lo objetó y luego terminó discutiéndose ante la Corte Suprema. Los debates sobre el cómputo de plazo suele ser un debate mucho más habitual que lo que la gente cree.
-Considerando que fue un ciudadano extranjero que fue detenido y condenado, pero luego se le otorgó libertad condicional y se fugó, para luego terminar siendo extraditado y ahora liberado, ¿se saca alguna lección, a nivel de Estado, tras este caso?
-En general, las experiencias en torno a personas que están en estas circunstancias son siempre un proceso de aprendizaje, no sólo porque implican la actuación de jueces y fiscales, sino también de las policías y cómo tomar los resguardos para estos fines. Siempre se sacan asuntos en limpio.
-¿Qué tanto cree que impactan las huelgas de hambre a la forma en que se hace justicia?
-No sé si a la forma de hacer justicia. Los tribunales actúan con bastante independencia y los fiscales persiguen delitos con bastante severidad. Esas son garantías suficientes para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en nuestra región. Otra cosa distinta es lo que sucede dentro de los centros penitenciarios, que son esenciales para el cumplimiento de la sanción. Esta es una región con un componente indígena relevante y hay obligaciones asociadas al Convenio 169 (...). El objetivo central ha sido respaldar a Gendarmería en el cumplimiento de las normas penitenciarias. (...) En las huelgas de hambre, Gendarmería ha recurrido de protección y, por esa vía, cuando está en riesgo la salud y la integridad, ha logrado las autorizaciones judiciales para que esas personas sean alimentadas o reciban atención médica.
-A propósito de lo ocurrido con gendarmes en Angol. ¿Cree que es más difícil ser gendarme en La Araucanía que en otros lugares del país?
-La función de Gendarmería es difícil y compleja, algo que se suele no observar. Es una labor permanentemente desafiante. Los riesgos son distintos dependiendo de la región y del tipo de población penal. Pero es una profesión que está expuesta a riesgos (...) acá hemos sabido como detectarlos y mitigarlos.
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"Las realidades penitenciarias son distintas por cada región. Acá, los riesgos están identificados y Gendarmería ha aprendido a gestionar aquello". Mayoritariamente, la población penal tiene bajo compromiso delictual. Las personas de alto compromiso delictual son un porcentaje muy acotado".