Agresiones a funcionarios
Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios.
Con cierta frecuencia se conocen casos de las amenazas y agresiones a funcionarios de los Centros de Salud Familiar (Cesfam), de parte de pacientes o sus familiares, que requieren atención inmediata, especialmente de noche, en lugares que se encuentran colapsados. Trabajar en este ambiente de violencia ya no es una situación aislada y por lo mismo preocupa a los gremios que representan a los trabajadores de la salud primaria.
La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para la población en general, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país. Esto representa un fuerte incremento si se compara con el año 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, aunque era un período que estaba marcado por los confinamientos debido a la pandemia de coronavirus.
En el contexto de la violencia que se ha reportado en algunos centros de salud, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha señalado que se evalúa tener vigilantes armados, como los que tienen los bancos.
En 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones a los trabajadores de los establecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de estas agresiones.