FEl pasado lunes se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el fin de llamar la atención de todas las personas respecto de los ataques psicológicos y físicos que sufren, muchas veces en sus propios hogares. Esta fecha fue establecida en 1999 por la Asamblea General de la ONU.

Según la Declaración de la ONU de 1993, la violencia contra la mujer abarca actos que causan daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico, así como amenazas, coacción o privación de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada.

La violencia impacta la salud física, sexual y psicológica de las mujeres en todas las etapas de su vida, afectando su educación, empleo y oportunidades. Algunas mujeres y niñas, como aquellas en situación de vulnerabilidad o crisis humanitarias, migrantes, indígenas o con discapacidades, enfrentan mayor riesgo.

De hecho, se estima que 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida. El riesgo es mayor entre las jóvenes: 1 de cada 4 adolescentes ha sufrido abusos de su pareja.

Es lamentable que nuestra sociedad no ha sido capaz todavía de mitigar o erradicar conductas tan dolorosas y terribles, como es la violencia, aunque se percibe que en la actualidad las mujeres identifican con más claridad lo que son aquellos ataques en el hogar, en el trabajo, en recintos educacionales o en la calle y se atreven a denunciarlos.

Estas situaciones deben denunciarse a tiempo para no tener que la mentar situaciones extremas, y puede superarse con la colaboración de todos, partiendo desde la formación de las nuevas generaciones y la voluntad de cambio de las antiguas generaciones.

La reciente campaña "Pozo Sin Fondo" promovida por la Multigremial de La Araucanía ha suscitado un debate sobre la política estatal de compra de tierras para comunidades indígenas. Desde su perspectiva, estas inversiones son ineficaces y un obstáculo para el desarrollo regional. Sin embargo, un análisis más profundo de los datos revela que estas adquisiciones no solo buscan justicia histórica, sino que también representan una oportunidad para abordar las desigualdades productivas y construir un modelo de desarrollo más equitativo.

Desde la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en 1993, el Estado chileno ha invertido aproximadamente 491 millones de dólares para la compra de 212 mil hectáreas destinadas a comunidades indígenas. Este esfuerzo ha beneficiado a más de 500 comunidades, abordando parcialmente las demandas históricas de restitución territorial que buscan reparar el despojo sufrido desde el siglo XIX.

Sin embargo, esta inversión palidece frente al apoyo otorgado históricamente al sector forestal a través de subsidios como los establecidos por el Decreto Ley 701 y posteriormente a través de la Ley 20.283 de Bosque Nativo. En conjunto, los subsidios al sector forestal desde 1974 han superado los 838 millones de dólares, fomentando la expansión de plantaciones de pino y eucalipto en extensas áreas del sur de Chile y rentabilizando a grandes conglomerados.

Aun aquello, el modelo forestal, a pesar de su fuerte apoyo estatal, no ha reducido las brechas sociales ni tampoco ha promovido una diversificación económica en La Araucanía. Actualmente, solo el 3% de la población de la Región trabaja en la industria forestal, y la mayoría de estos empleos son de baja calificación y mal remunerados. Además, los monocultivos de pino y eucalipto han degradado los suelos, afectado el acceso al agua y limitado la viabilidad de actividades agrícolas locales, exacerbando las desigualdades productivas en territorios históricamente marginados.

En contraste, las compras de tierras para comunidades indígenas no solo buscan saldar una deuda histórica, sino también generar nuevas oportunidades productivas en el marco de las prácticas culturales y económicas mapuches. Las tierras restituidas, aunque limitadas en alcance, tienen el potencial de diversificar la economía regional mediante la agricultura sostenible y otras actividades que respetan el entorno natural y las tradiciones locales. Esto representa un enfoque más inclusivo y sostenible frente al modelo extractivista predominante.

El verdadero "Pozo sin Fondo" no radica en la restitución de tierras, sino en mantener un modelo de desarrollo que prioriza el latifundio y las plantaciones forestales a expensas del bienestar colectivo. La restitución territorial y la inversión en las comunidades indígenas no son sólo un acto de justicia, sino una oportunidad para construir un futuro más equitativo.

Es hora de cuestionar quiénes se benefician realmente de las políticas públicas y de replantear el desarrollo regional bajo un enfoque que cierre las brechas productivas y promueva la prosperidad compartida. Solo así, los sueños de equidad y justicia podrán materializarse en realidades tangibles para todos los habitantes de la Región.

Ximena Sepúlveda Varas,

ingeniero civil industrial y magíster en Desarrollo Humano Local y Regional