La Contraloría de la Universidad de La Frontera hizo entrega de los informes preliminares del proceso de auditoría financiera a los fondos institucionales y a las cuentas corrientes operativas y dedicadas, en el marco de la grave crisis financiera que gatilló en un plan de reajuste presupuestario que hasta el momento desvinculó a 298 funcionarios a contrata.

Dicha auditoría es parte del compromiso que asumió el gobierno universitario con el estamento estudiantil representado por el Consejo de Presidentes, en el marco del petitorio que exige informar con transparencia respecto del uso de los recursos de la casa de estudios estatal, las razones del endeudamiento y la aplicación de sanciones para los responsables.

Auditorías

A través de una declaración pública el vicerrector Renato Hunter, quien se encuentra subrogando al rector Eduardo Hebel, ya que la autoridad universitaria continúa con licencia médica, señaló que el propósito de la auditoría en cuestión fue "verificar el correcto uso y destino de los recursos financieros de la Ufro", así como "determinar posibles responsabilidades administrativas", siendo el periodo de tiempo analizado entre los años 2022 a septiembre de 2024, como fecha de corte para el análisis.

En concreto, la Dirección de Auditoría realizó seis auditorías a la situación financiera de la Universidad de La Frontera, remitiendo los respectivos informes sobre cada una de las auditorías.

Cada una de ellas analizó el uso de un determinado ítem financiero: 1) Gasto en remuneraciones, prestaciones de servicio y dotación de personal; 2) Recursos AIUE (Aporte Institucional de Universidades Estatales del Mineduc); 3) Fondos de proyectos de terceros y propios; 4) Fondo Solidario de Crédito Universitario; 5) Obligaciones financieras contraídas, y 6) Cuentas corrientes institucionales.

El resultado de estas auditorias no se dio a conocer a la comunidad en dicha declaración y sólo se informa que fue enviado, por un lado, al fiscal del proceso y, por otro, a la Dirección Jurídica de la universidad, de modo de establecer responsabilidades administrativas y legales si es que fuera el caso.

"Dichos informes ya fueron enviados al fiscal encargado del proceso investigativo interno, que se desarrolla con el objetivo de determinar las posibles responsabilidades administrativas. Sin perjuicio de lo anterior, se ha solicitado a la Dirección Jurídica de la universidad que analice y determine las acciones legales a seguir a partir de los hallazgos encontrados en las auditorías realizadas".

El rector (S), Renato Hunter, no estuvo disponible ayer para aclarar si el hallazgo contenido en dichas auditorías responde a la comisión de uno o varios delitos y de qué tipo.

En estos momentos, el contenido de la información referente a compras, gastos, gestión de proyectos institucionales e incluso viajes, que se está filtrando en la universidad ha provocado una serie de cartas que manifiestan indignación, acusaciones y emplazamientos de parlamentarios, donde la tónica es solicitar la renuncia desde el propio rector, Eduardo Hebel, hasta funcionarios estratégicos.

Todo lo anterior, sin duda, que erosiona el estado de la gobernanza universitaria, uno de los aspectos que también vigila de cerca la Superintendencia de Educación Superior (SES) en esta etapa, ya que no basta con lograr la millonaria reducción del gasto anual.

"Se ha solicitado a la Dirección Jurídica de la Universidad que analice y determine las acciones legales a seguir a partir de los hallazgos encontrados".

Renato Hunter,, rector (S), comunicado

"El propósito de la auditoría es verificar el correcto uso y destino de los recursos financieros entre los años 2022 y septiembre de 2024, así como determinar posibles responsabilidades administrativas".

Renato Hunter,, rector (S), comunicado

6 y 8 meses abarcó la investigación de la Contraloría Universitaria. Entre el 2022 a septiembre de 2024.

En el minuto de las intervenciones en la Sala de la Cámara el diputado Miguel Mellado (RN), se refirió a la situación financiera de la Ufro, cuestionando con tono de indignación algunas compras y gastos por su elevado precio y verdadera utilidad.

"Compraron un hotel en Mehuín por 580 millones de pesos, gastaron 230 millones de pesos para habilitar una sala de videoconferencias que no debió salir más de 4 millones de pesos y hay otros 65 millones de pesos en la compra de una camioneta para el vicerrector, estos ejemplos evidencian una mala gestión en la Universidad que la tienen al borde del abismo", precisó el parlamentario.

Además, agregó que "los 38 mil millones de pesos que debe la universidad, al final los pagan los trabajadores y los alumnos", haciendo mención "a las 298 desvinculaciones y con la incertidumbre de que se sumen muchas más de aquí a fin de año".

Mellado también informó en el Congreso que la visita de la Superintendencia de Educación Superior pudo constatar "un incremento en las pérdidas operacionales, aumento en remuneraciones, pagos adicionales a los funcionarios en 2022 y 2023, a pesar del déficit, y con un gasto adicional de 4 mil millones. Creció la cantidad de funcionarios y en el año 2019 se estableció un sueldo mínimo, me parece insólito que después de tan mala gestión financiera, al final, paguen los de más abajo".

Del Plan de Reajuste Presupuestario, dijo que no está siendo bien aplicado porque en vez de "disminuir gastos y arriendos innecesarios, despidieron gente. Espero que las altas esferas de la Ufro, si realmente quieren salir de esto, que también se aprieten el cinturón y puedan así sacar a la Ufro de la situación de letargo en la que se encuentra", manifestó el diputado.