El robo de vehículos es una de las preocupaciones más grandes para los conductores, y aunque las estadísticas varían, algunas zonas del país son más vulnerables que otras a este tipo de delitos. Conocer las áreas más afectadas y estar informados sobre las formas más comunes de robo es fundamental para prevenir ser una víctima.

En 2023, según cifras de Carabineros, se robaron 28.432 vehículos, de los cuales 10.601 fueron con violencia, es decir, con portonazos, encerronas o robos a aplicaciones del transporte, simulando ser clientes.

De acuerdo a un informe de la Asociación de Aseguradores de Chile, sólo en julio se registraron 1.149 vehículos asegurados robados, lo que equivale a un promedio de 37 por día. Este dato no sólo refleja una tendencia inquietante, sino que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la seguridad urbana por hechos cada vez más frecuentes y violentos, como portonazos, encerronas y sustracción desde estacionamientos.

Este es uno de los delitos que más ha aumentado en la última década, tal vez por el gran crecimiento del parque automotor, y porque las bandas los usan para cometer otros ilícitos. En noviembre de 2023 comenzaron a regir las modificaciones a la Ley de Tránsito, para fortalecer la seguridad vial y la prevención al robo de vehículos. Para ello, se aumentaron las penas a quienes no cumplen con la normativa de tránsito, así como a quienes roban automóviles.

La venta de vehículos robados es sancionada ahora con presidio menor en su grado medio a máximo, además de la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla por cinco años.

La actualización de la Ley de Tránsito ayuda, pero también los automovilistas deben adoptar medidas necesarias para prevenir los delitos.

El proyecto de reforma constitucional presentado por un grupo transversal de senadores introduce modificaciones al sistema político y electoral. ¿Son lo mismo los dos conceptos?

En realidad, no son lo mismo, pues el concepto de "sistema" o de "régimen político" es amplio y se refiere al conjunto de elementos, no sólo normativos, sino que de orden sociológico e institucional, que apuntan a favorecer la solidez de las instituciones políticas, incluyendo los partidos políticos, su legitimidad y, al final, el modelo de democracia que queremos tener.

La noción de "sistema electoral" es más restringida y apunta a determinar cuál es la voluntad fidedigna de los electores al momento de elegir sus representantes ante los órganos elegidos popularmente.

Pero, ¿por qué surge la idea de reformar el sistema político? En realidad, no es una preocupación de ahora. Se manifestó durante los dos procesos constituyentes. La propuesta de la Comisión Experta, en el segundo de esos procesos, fue muy acertada en proponer modificaciones que permitieran enfrentar la excesiva fragmentación de los partidos políticos, que se ha venido acentuando desde la reforma electoral del año 2015, que cambió el sistema binominal por uno de carácter proporcional a fin de dar mejor representación a las diversas fuerzas políticas existentes en el país. La verdad es que la fragmentación ha seguido acentuándose y la propuesta presentada tiende a hacerse cargo de ello.

Además, la propuesta actual, siguiendo el diagnóstico ya formulado por la Comisión Experta, quiso hacerse cargo de los fenómenos de la indisciplina al interior de los partidos políticos, especialmente de los que tienen representación parlamentaria, y de lo que se denomina el "transfuguismo". Es decir, que un parlamentario sea elegido en la lista de un partido político y, una vez asumido el cargo, renuncie a ese partido para formar otro. Este tipo de fenómenos producen una sensación de fraude en el electorado, pues se vota por una persona, pero también por la idea de bien común que representa.

Podríamos decir que la reforma propuesta por un grupo transversal de senadores tiene dos elementos claves. El primero es que los partidos políticos que aspiren a tener representación en la Cámara de Diputados tienen que alcanzar una barrera mínima del 5% del total de los votantes en la respectiva elección. Si no lo logran, no tendrán ningún diputado, a menos que, en total ese partido político logre sumar como mínimo de ocho parlamentarios en el Congreso Nacional (sumando diputados y senadores). La misma regla se aplicaría a los candidatos independientes.

Marisol Peña, directora del Centro de Justicia

Constitucional de la Universidad del Desarrollo