Desde el inicio de su administración, y con particular ahínco durante este año 2024 que finalizó, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha puesto su mayor interés en el resguardo de los derechos humanos de cada hombre, mujer y niño de nuestro país, instaurando nuevas políticas que buscan fortalecer esta materia en todas las áreas del quehacer público.

En ese sentido, un hito importante ha sido la implementación del Plan Nacional de Búsqueda, que se oficializó el pasado 10 de noviembre luego de su publicación en el diario oficial. Este es un instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de verdad y justicia respecto de personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico militar en Chile. Este se llevará a cabo por medio de la organización y sistematización de los esfuerzos del Estado, estableciendo metas, plazos, responsables y rendición de cuentas.

De esta manera ya comenzaron a ejecutarse las acciones principales del Plan, no solamente las que están destinadas al diseño y ejecución del sistema de información utilizando inteligencia artificial, sino que también aquellas que están destinadas a la estructuración del modelo de gobernanza donde los familiares tienen un gran rol activo en el seguimiento de esta política.

Son 1.469 las personas calificadas como víctimas de desaparición forzada en Chile durante la dictadura cívico militar. De este total, 307 personas han podido ser encontradas, identificadas y restituidas a sus familiares, según cifras del Servicio Médico Legal. Eso significa que, al día de hoy, todavía hay 1.162 víctimas cuyo paradero y circunstancias de desaparición y/o muerte siguen pendientes de determinar.

Por otra parte, el pasado 10 de diciembre, el Presidente Boric presentó la Comisión Asesora Presidencial para esclarecer la verdad de las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el Sename.

La instancia tiene por objetivo asesorar al Presidente de la República en el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas que durante su niñez o adolescencia estuvieron bajo la custodia del Estado, o en sistemas alternativos privados entre 1979 y 2021.

La creación de esta comisión reafirma el compromiso del Estado de Chile con la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, y nos permite avanzar como país transformando el dolor en justicia para quienes vivieron estos hechos.

En los últimos años hemos logrado algunos avances que son significativos, con la promulgación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que estuvo cerca de 10 años tramitándose en el Parlamento, y también con la creación de servicios especializados en materia de protección y de reinserción social juvenil.

Sabemos que todavía hay mucho más por hacer en nuestro país en materia de derechos humanos, pero sin duda que este año que concluyó representó un punto de inflexión en cuanto a la ejecución de acciones concretas y sistemáticas para lograr justicia, otorgar reparación y procurar la no repetición.

Verónica López-Videla Pino,

seremi de Gobierno