Hoy se conmemora el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, una fecha clave para reflexionar sobre el impacto del cambio climático y la necesidad de adoptar prácticas más sostenibles. En este marco, la sostenibilidad se ha convertido en una preocupación clave en el mundo actual, y la industria de la construcción, conocida por su impacto ambiental significativo, no es ajena a esta tendencia. En un contexto donde se busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero y optimizar el uso de recursos, la construcción carbono neutral surge como una respuesta innovadora y necesaria.

La industria de la construcción es responsable de cerca del 39% de las emisiones globales de CO2, además de un uso intensivo de agua, energía y materiales. Ante esta realidad, la transición hacia prácticas más sostenibles es imperativa para mitigar su impacto.

La neutralidad de carbono implica equilibrar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas con medidas que permitan capturar o compensar una cantidad equivalente de emisiones. En el sector de la construcción, esto abarca todo el ciclo de vida de un edificio, desde la producción de materiales hasta su uso y eventual demolición.

Aunque la compra de bonos de carbono es una herramienta válida para compensar emisiones, no sustituye las prácticas de construcción sustentable. La verdadera sostenibilidad radica en reducir el impacto ambiental desde el inicio del proyecto, adoptando materiales y diseños responsables.

La tendencia hacia construcciones carbono neutrales es una necesidad impostergable que no solo responde a las demandas del presente, sino que también sienta las bases para un futuro más sostenible.

Aunque no es sorpresa la forma en que se abordan los temas en el Ejecutivo chileno, la verdad que para quienes hemos sufrido la violencia en carne propia, no es de ninguna lógica la decisión del gobierno de restar $7 mil millones de pesos al presupuesto del Ministerio Público para el año en curso.

La situación repercute en todo el sistema destinado a hacer justicia en Chile, más aún, la propia Corte Suprema, ha señalado que la rebaja presupuestaria "Afectará seriamente el funcionamiento de los tribunales y el acceso a la justicia", alerta que se repite en varios sectores de la política nacional, que califican como un golpe directo a la lucha contra el crimen organizado, en un momento que Chile enfrenta una ola de violencia sin precedentes.

Según lo recopilado de publicaciones nacionales el recorte específico dentro del Ministerio Público se daría en áreas concretas: la primera será la persecución del crimen organizado y los delitos de alta complejidad, por la dificultad de reemplazar fiscales y personal ante la reducción de recursos en la Partida 23, lo que impedirá contar con el personal adecuado. De ser así, algo no está funcionando en la percepción de La Moneda, en cuanto a la realidad nacional.

Pero si eso fuera poco como segundo punto se señala un recorte en bienes y servicios de consumo y también el recorte en la adquisición de activos no financieros. Este último punto, relevante para la adquisición de equipamientos como cámaras de vigilancia o chalecos antibalas, es decir, también afecta a policías y persecutores, en un momento que el crimen organizado no titubea en disparar a quien se cruce por su camino.

La rebaja sorprende a las autoridades del Ministerio Publico, quienes entendían estar exentos de los recortes anunciados para la administración estatal, y de paso, la ciudadanía no entiende nada, ¿Quiere o no el gobierno luchar contra la delincuencia y el crimen organizado que tanto daño hace al país? Será mejor que visibilicen ahora estas restas de presupuestos y que no pase como los fondos de los Gobiernos Regionales, donde aún las organizaciones que se adjudicaron proyectos están a la espera para concretar las iniciativas, porque hubo un mal cálculo presupuestario del erario nacional, que no se ajustó a los requerimientos del 2024.

Como sea, la delicada realidad en materia de seguridad ciudadana que vive Chile, hace poco recomendable dejar al Ministerio Publico con rebajas presupuestarias que afecten la persecución del crimen organizado.

Alejo Apraiz Contardo,

presidente Asociación de Víctimas de Violencia Rural AVVRU