El 10 de febrero la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidirá el desafuero de la diputada Catalina Pérez (exFA) por su supuesto vínculo con el Caso Convenios, que salió a la luz por las millonarias transferencias realizadas desde la Seremi de Vivienda a Fundación Democracia Viva, liderada por su entonces pareja, Daniel Andrade (exFA). A una semana de que esto ocurra, la legisladora apuntó a posibles intereses de la Fiscalía, mientras el exseremi, Carlos Contreras (exFA), indicó que el senador Juan Ignacio Latorre (FA) coordinó el manejo comunicacional del caso con el Gobierno antes de que se conociera en la prensa, aunque La Moneda ha declarado enterarse al mismo tiempo.
Ni Latorre ni el FA, ni el Ejecutivo, al cierre de esta edición, respondían a las palabras de Contreras en El Mercurio, donde afirmó que "yo, que es el punto de mi defensa, no tenía la potestad para cometer un fraude, para seleccionar las fundaciones, no tenía las atribuciones. Es sabido que esos comentarios tienen que haber sido en el contexto de una coordinación que hubo, que es de público conocimiento, a partir del 7, 9 de junio. Ahí existió efectivamente una coordinación previo al estallido del caso, comunicacional y política, que fue, hasta donde a mí me consta, liderada por el senador Latorre, con su rol de presidente de Revolución Democrática (RD)", partido que luego se fusionó en el FA.
En noviembre de 2023, el jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi Serrano (FA, antes RD), dijo a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que el 7 de junio de aquel año "tomé conocimiento de un rumor" sobre lo ocurrido en Antofagasta, aunque no lo comunicó a su superior, el Presidente Gabriel Boric.
El Caso Democracia Viva fue publicado por el medio Timeline el 16 de junio. Boric dijo haber recibido un oficio la semana anterior, pese a que antes el Gobierno señaló enterarse por la nota de prensa. El 6 de julio, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró esta última versión, porque antes La Tercera publicó que la directiva de RD, liderada entonces por Latorre, se enteró diez días antes en una reunión con Andrade, Contreras y parte del equipo de Pérez. El senador luego dijo que informó al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y al entonces titular de Desarrollo Social, Jackson. Sobre Crispi, dijo que no se había comunicado con él.
Contreras ayer agregó que hay nombres que la Fiscalía ha pasado por alto, como la exjefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios, Verónica Serrano, tía de Crispi, quien el 20 de septiembre de 2022 escribió al exseremi por "la urgencia para su firma": ese día Contreras signó dos convenios con Democracia Viva.
"víctima del amor"
La diputada Pérez dijo ayer a La Tercera que "la Fiscalía ha logrado mezclar un conflicto político con un conflicto judicial", mientras que su conducta "está asociada a proteger a quien era mi expareja".
El diputado republicano Cristián Araya respondió en X que "está a punto de perder su fuero y ahora quiere venderse como una víctima del amor. ¿De verdad cree que la Fiscalía y los chilenos somos tontos? Montar una oficina falsa (de la fundación) ¿también fue ingenuidad? Estamos a días de la audiencia. Que la desafueren y enfrente la Justicia de una vez".
