La Contraloría inició ayer una investigación debido al traspaso de aproximadamente US$3.500 millones desde de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) hacia el Ministerio de Hacienda. "Es una polémica artificial", dijo el ministro de Economía, Nicolás Grau; mientras que la oposición anunció una comisión investigadora del caso.

El martes The Clinic dio a conocer que el Ejecutivo pidió en 2023 dos traspasos por US$2.000 millones y US$1.500 millones a Corfo provenientes de los excedentes generados por la exportación de litio y de ventas de activos financieros, los cuales llegaron al Tesoro Público.

En primera instancia desde el Ministerio de Hacienda dijeron que "no constituyen una acción por fuera del marco legal" y que "no solo no son 'desconocidos': la información es pública y se puede acceder a ella a través del sitio web de la Dipres".

Posteriormente el ministro Nicolás Grau dijo que "la polémica que ha existido a propósito de estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial. Esto ha sido de manera totalmente regular y transparente" y aseguró que estos se efectuaron porque "había ingresos muy grandes del litio que llegaron a Corfo, así como también había ingresos que llegaron directamente al Tesoro, y por lo tanto, era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país" como vehículos para Carabineros, viviendas sociales y salud.

En la tarde la Contraloría anunció una investigación por una posible "afectación patrimonial de la corporación y el destino "de los recursos involucrados".

Al revelarse estos traspasos de forma separada, la UDI y el Partido Republicano anunciaron que solicitarán la creación de una comisión investigadora sobre este caso.

El diputado UDI Henry Leal dijo que "Corfo no puede ser la caja chica pagadora para cubrir los déficits que tenga este gobierno" y solicitó la salida de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

El diputado de ese partido Juan Antonio Coloma señaló que "tener claridad de las cuentas fiscales es esencial y por eso avanzar en una investigación nos parece que es lo mínimo para aclarar la información equivocada".

El jefe de bancada de Republicano, Luis Sánchez, declaró a radio Pauta que "aquí podrían haber incluso ilícitos y eso es parte de lo que tiene que investigar la comisión investigadora".

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (Afsag), Elías Araya, se refirió ayer a los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien aseguró que se repuso el 90% del corte presupuestario a la institución.

El ministro Valenzuela dijo ayer a Tele 13 Radio que "está repuesto casi el 80-90% de algunos ajustes que se habían realizado", al SAG, lo que aseguró se justifica porque "en el sector silvoagropecuario crecieron las exportaciones forestales en 15%, crecieron las exportaciones frutícolas en un 15%, está muy por sobre el promedio del crecimiento del país".

Sin embargo, el presidente de la Afsag, que hace semanas convocó a un paro nacional para el 4 de marzo por esta situación, dijo a Emol que "no logro entender cuáles son los cálculos del ministro para señalar este antecedente que da por cierto que se ha recuperado el 90% del recorte presupuestario, la cifra simplemente no da, no es efectivo con todas sus letras".

"Si nos recortaron $4.300 millones y nos están devolviendo $2.600 (...) Lo ha dicho la propia subsecretaría, que de $7.300 millones es la estimación que se hizo respecto de lo que se necesita para funcionar este año y eso, evidentemente, aleja mucho más el porcentaje con que Dipres ha devuelto recursos al servicio", agregó Elías Araya.

Ayer continuaban las repercusiones luego del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenó que el 27 de febrero se debe iniciar el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde viven cerca de 10 mil personas.

Luego que el Gobierno anunció que el lunes se llevará a cabo una reunión con los dueños del terreno y los representantes de la toma para lograr una solución, que se ha mencionado podría ser la compra del terreno por parte de los habitantes del asentamiento, ayer la vocera del Comité Nuevos Aires de la toma dijo a El Mercurio de Valparaíso que la noticia "cae como un balde de agua fría" y que se está haciendo "un enfrentamiento entre los pobladores y la fuerza pública, donde (habrá) más de algún herido, algún muerto".

Sobre esta situación el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, dijo que "esperamos que haya un preacuerdo con los dueños para una salida consensuada y evitar el uso de la fuerza, aunque estamos preparados para el desalojo".

Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, dijo a radio ADN que "indudable, esta situación nos tiene complicados, porque la comuna, y la municipalidad, y ni siquiera la provincia, tiene la capacidad para acoger el desalojo de estas 4.000 familias, cerca de 10.000 personas. Eso es realmente un desastre" y pidió en radio Pauta que "exista un mayor plazo de 6 meses (...) Estos procesos no son tan rápidos como uno quisiera".