El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado su Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT) para este año 2025, a través del cual delinea las estrategias destinadas a fortalecer la recaudación fiscal y combatir prácticas que erosionan la base tributaria de Chile. Este plan se enmarca en un contexto donde la evasión y elusión fiscal, el comercio ilícito y el crimen organizado representan desafíos significativos para la economía nacional, así como para la autoridad tributaria. En ese contexto es relevante reflexionar sobre las propuestas que este plan incluye, desde una mirada técnica.

Uno de los pilares fundamentales del PGCT 2025 es la intensificación de la fiscalización sobre los grandes grupos empresariales y los contribuyentes de altos patrimonios. Según José Navarrete Oyarce, director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello, a través de esto, el SII busca asegurar que estos actores económicos cumplan con sus obligaciones tributarias de manera equitativa, utilizando para ello nuevas facultades otorgadas por la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Entre estas facultades se incluye la posibilidad de levantar el secreto bancario cuando sea pertinente, permitiendo una fiscalización más efectiva de aquellos contribuyentes cuyo nivel de inversiones o patrimonio no se correlaciona con los ingresos declarados.

Por otro lado, el plan pone particular énfasis en el control de la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario 2025 del SII representa un esfuerzo integral por fortalecer el sistema tributario chileno, combatiendo prácticas que minan la recaudación fiscal y promoviendo una mayor equidad y justicia tributaria. Sin embargo, la efectividad de este plan dependerá en gran medida de su implementación y de la colaboración entre el SII, otros organismos del Estado y por supuesto, la ciudadanía en general.

Mucho se ha dicho acerca de la probidad administrativa, pero poco sobre lo que realmente significa y en qué momento se debe sancionar su infracción. Este principio rige por mandato constitucional obligatoriamente a todos los funcionarios y servidores públicos, ya sean planta, contrata, código del trabajo u honorarios.

Existe, por un lado, una descripción en la Ley N°18.575 que dispone que, consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular; y por otro, un concepto de Contraloría en el dictamen N°25.916 de 2017 que establece que, no sólo constituye un sinónimo de honestidad, sino que, alcanza a todas las actividades que un servidor realiza en el ejercicio de su empleo, teniendo incluso, el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función, en tanto pudiere significar, entre otros efectos, el desprestigio del servicio o transgredir la lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad.

Ahora bien, la conducta del funcionario para ser sancionada debe ser grave, lo que, según Contraloría significa que del mérito del sumario administrativo aparezca sin discusión alguna que no existe otro castigo posible (E152882 de 2021).

En este sentido, la probidad administrativa puede llegar a afectar la vida privada de un funcionario ya que la letra i) del artículo 61 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, establece la obligación de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo.

Entonces, cabe preguntarse, una persona que ingresa a la Administración del Estado ¿deja de tener una vida privada?, nunca, ya que todas las personas tienen derecho al respeto y protección de su vida privada, existiendo incluso delitos asociados como la grabación de conversaciones privadas sin consentimiento, captura de imágenes de carácter privado sin autorización, o violación de correspondencia.

Con todo, la Contraloría General de la República estableció en el dictamen N°60.701 de 2012, que esta afectación se puede producir ante el mal uso de una licencia médica por enfermedad común para realizar un viaje al extranjero y con conocimiento público, lo que ocurriría, por ejemplo, en caso de que se publiquen fotografías y/o videos en redes sociales.

En síntesis, para sancionar la infracción a la probidad se requiere de una instrucción oportuna y tramitación eficiente de las investigaciones y/o sumarios administrativos y, además, que dichos procedimientos disciplinarios respeten el principio del debido proceso a fin de asegurar el derecho a defensa jurídica.

Mantener una función disciplinaria activa y que respete los derechos de los funcionarios logrará ajustar la conducta de éstos y constituirá precedentes administrativos relevantes que demostrarán la aplicación de la normativa legal y la obtención de la confianza ciudadana.

Marcela Novoa,