Unas 90 familias fueron desalojadas de la toma Edén de Lajarilla en Viña del Mar
MEDIDA. Algunos residentes rechazaron irse a albergues y delegado criticó a dueño del terreno.
Tal como estaba pactado, la Delegación Presidencial y Carabineros llevaron a cabo ayer el desalojo de la toma Edén Lajarilla, en Viña del Mar, donde 90 familias debieron abandonar el asentamiento. Pese a la acción, en la tarde residentes del lugar se instalaron con carpas dentro del terreno.
Cerca de las 6:00 horas de ayer, las autoridades de Gobierno, municipales y Carabineros llegaron al campamento para cumplir la orden judicial emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en noviembre de 2022, la cual fue ratificada el lunes.
Pese a algunas manifestaciones y la agresión a periodistas de Chilevisión y Canal 13, el desalojo en general fue tranquilo. Es más, cuando llegaron las autoridades varias de las 90 familias que habitaban el sitio ya lo habían abandonado.
Cerca de las 11:00 horas ya todas las familias habían dejado el lugar, por lo que se procedió a demoler las viviendas con maquinaria.
La directora de Desarrollo Comunitario de Viña del Mar, Camila Estay, dijo que se habilitó un espacio transitorio de primera acogida en la escuela Enrique Cárdenas para atención primaria y que luego las personas iban a ser albergadas en el Centro Deportivo Municipal de Reñaca Alto.
Sin embargo, el abogado de los afectados, Gustavo Burgos, dijo a TVN que las autoridades no informaron las condiciones de los albergues y que el gimnasio que se dispuso tenía capacidad para sólo 30 personas. "Eso es una burla a las instituciones, los derechos humanos y a los derechos de los pobladores", dijo.
Esto fue desmentido por Estay, quien garantizó que los albergues tenían todo lo necesario y que se dispuso de un bus para transportar a las personas a los albergues. Pese a ello hubo algunas de personas que se negaron a abandonar el lugar e instalaron carpas para pasar la noche.
El delegado presidencial Yanino Riquelme criticó al dueño del terreno, José Massú. "El propietario llega con sus representantes alrededor de las diez de la mañana, cuando el mandato era a las nueve, y dentro de sus obligaciones estaba el proceder al retiro de enseres en caso de que fuera necesario, remoción de escombros, y asegurar el perímetro con algún tipo de cerco o algo por el estilo, de tal forma de que el mismo no sufra una nueva ocupación", lo que dijo que no pasó. "Hoy ya está en manos del propietario, si es que hay una nueva ocupación o alguna otra situación por el estilo, ya no es resorte de los servicios públicos (...) Se da por cumplida la sentencia", añadió.