El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve rechazó responder al cuestionario que le envió la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que se creó para evaluar la actuación del Gobierno ante la denuncia por acoso sexual y violación interpuesta por una subordinada en su contra, que hoy lo tiene en prisión preventiva.

"Me veo en la obligación de informar a esta Comisión que, debido al carácter reservado de los antecedentes y con el objetivo de contribuir al éxito de la investigación, no me es posible en este momento responder a las preguntas que se me han formulado", respondió la exautoridad a través de sus abogados.

En total eran 29 las consultas enviadas por la comisión, que es encabezada por el diputado Miguel Mellado (RN).

Según Emol, Monsalve expresó en dicho texto que "deseo expresar mi respeto por la labor que desempeñan en ejercicio de las facultades fiscalizadoras que nuestra Constitución de la República otorga a la Cámara de Diputadas y Diputados".

Luego añade que "en este contexto, me permito comunicar lo siguiente: He sido notificado en las dependencias del recinto penitenciario de alta seguridad Anexo Capitán Yáber del Oficio N°82, de fecha 13 de enero de 2025, emitido por la Comisión Investigadora. En dicho documento se reitera el Oficio N°36, de fecha 11 de diciembre de 2024, mediante el cual se me hace llegar un cuestionario de 29 preguntas en el marco de la investigación que llevan a cabo sobre actos de autoridades y policías tras la denuncia criminal presentada en mi contra durante mi desempeño como subsecretario del Interior".

Tras ello explicita que "he revisado detenidamente cada una de las 29 preguntas que componen el cuestionario y comprendo el interés y la necesidad de contar con toda la información necesaria para establecer la verdad de los hechos. No obstante, establecer la verdad completa de los hechos es un aspecto esencial para demostrar mi inocencia frente a los delitos por los cuales he sido acusado y formalizado. En este sentido, mi prioridad es que este objetivo se cumpla dentro del marco de la investigación y de los procesos judiciales pertinentes".

El Gobierno reaccionó con dureza luego de que el jueves se informó que el Presidente Gabriel Boric había sido "invitado" por la Fiscalía a declarar en el caso de la fallida compra por parte del Estado de la casa de Salvador Allende, que terminó con las renuncias de las ministras de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y Defensa, Maya Fernández, nieta del exmandatario y una de las propietarias del inmueble.

El hecho de que una secretaria de Estado fuera parte del negocio generó su cancelación y una crisis en La Moneda que ahora alcanzó al Jefe de Gobierno, por su calidad de firmante del decreto con el que se iniciaba la ejecución de la transacción que finalmente no se realizó, pero por lo cual la Fundación Fuerza Ciudadana, encabezada por el militante del Partido Republicano Raimundo Palamara, presentó una querella contra el Mandatario, lo que generó la invitación a declarar.

Ante ello el subsecretario del Interior, Luis Cordero, afirmó ayer que "al Presidente de la República comparecer, prestar testimonio tantas veces lo requieran los tribunales y el Ministerio Público, no le incomoda. Lo que yo llamo a la atención, y que me parece que es relevante que ustedes tengan presente, es las razones por las cuales al Presidente de la República se le cita y una de las razones es porque hay personas que están dedicadas a presentar querellas indiscriminadas contra autoridades".

El exministro de Justicia añadió que "esto es muy complejo, porque es utilizar el sistema penal con propósitos de intervención política y a mí me parece que cuando eso además implica desafiar a la principal autoridad del país, es preocupante para el funcionamiento del sistema democrático".

Ahondando en ese punto, señaló que "hay un grupo de personas que ha decidido utilizar el sistema penal como herramienta política, con la interposición de querellas que creo que están generando una distorsión en el sistema de enjuiciamiento criminal muy severa. No solo respecto a este caso, sino que de otros, y ojo, que el abuso de la querella como medio y herramienta política puede terminar por comprometer seriamente a todo el sistema político y no a un Gobierno en particular".

"Quiere amedrentar"

Estas palabras fueron rebatidas por el abogado John Reid, quien presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que se declarara la inhabilidad de la exministra Fernández y también querellante en este caso, acusó un tono amenazante de la autoridad.

Reid afirmó que Cordero "quiere amedrentar a quienes amamos nuestra profesión y usamos las armas que nos da el derecho para defender la institucionalidad".

"¿Acaso están incómodos con una institucionalidad que no los deja obtener lo que quieren, pero que juraron defender? El Presidente debe reconocer que instó a todo su equipo a celebrar un acto prohibido por el artículo 37 bis de la Constitución que dice: 'Durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado'".

Finalmente aseguró que "hemos buscado defender el ordenamiento legal. La búsqueda de la verdad y la defensa de los recursos públicos son un derecho de todo ciudadano y un deber para quienes elegimos la profesión de abogado".