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Dos sujetos fueron formalizados y quedaron en prisión preventiva por su presunta participación en el asalto a la sucursal Entel de Angol ocurrido en noviembre de 2023.

Se trata de Luis Miguel Rangel Contreras, venezolano de 31 años con ingreso clandestino al país, e Ignacio Alfonso Cabezas Arias, chileno de la misma edad, quienes fueron detenidos en las comunas de La Granja y Maipú.

Ambos están acusados de participar en el delito de robo con violencia e intimidación y receptación de vehículo motorizado, y según lo expuesto en la audiencia de formalización, habrían cumplido roles logísticos en la operación: condujeron vehículos durante la huida y participaron en la recepción de los equipos celulares sustraídos.

Durante el operativo, liderado por la Fiscalía de Angol y la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), se incautaron más de diez teléfonos celulares de distintas marcas -entre ellas Apple, Samsung, Redmi, Motorola y TCL- y dos vehículos utilizados en el asalto: un Chevrolet Sail (Estación Central) y un Kia Cerato (San Felipe).

LOS HECHOS

De acuerdo con los antecedentes presentados en la formalización, el 17 de noviembre de 2023 una banda compuesta por al menos siete sujetos viajó desde Santiago hasta Angol en cuatro vehículos.

Alrededor de las 10:50 horas, cinco de ellos irrumpieron armados en la sucursal de Entel ubicada en calle Lautaro, donde intimidaron y agredieron a trabajadores y clientes, accedieron a la bodega y sustrajeron equipos electrónicos avaluados en más de $123 millones.

Luego escaparon del lugar, traspasaron la carga robada a otros automóviles y abandonaron una camioneta que mantenía encargo por robo en la comuna de El Bosque.

Las cámaras de seguridad, registros de peajes y vouchers de pago en servicentros permitieron reconstruir la ruta de escape de los delincuentes y vincular a los detenidos con los hechos.

Ambos reconocieron haber viajado a Angol, aunque intentaron minimizar su participación en el delito.

Otros integrantes de la misma banda se encuentran actualmente en prisión preventiva, tras ser detenidos en diciembre por un asalto similar a una sucursal Entel en Los Andes.

¿Será verdad que el viernes santo debe tener relevancia solo para los creyentes, de manera que los que no profesan el credo cristiano tienen pleno derecho a que ese día el gran comercio abra y las prácticas de consumo se lleven a cabo?

A primera vista sobran las razones provenientes de los principios liberales para dar la razón a quienes arguyen que el comercio debe funcionar y cada uno elegir si va o no de compras ese día. Después de todo, podría decirse, en una sociedad abierta y plural las creencias y los credos son múltiples, y la única forma en que ellos puedan coexistir consiste en que el estado y sus reglas los trate con neutralidad y con igualdad a todas. De manera que, si se prestara oídos al reclamo de Monseñor Chomalí, debiera también atenderse a otros credos al extremo que el calendario se llenaría de feriados y el comercio arriesgaría estar cerrado más días de los aconsejables. Así las cosas -concluiría el argumento-- es mejor que el comercio abra cuando le plazca y que cada ciudadano decida si participa o no de las prácticas de consumo.

Pero, bien mirado, podría haber buenos argumentos y razones dignas de ser atendidas en favor del reclamo de Monseñor Chomalí.

Desde luego, parece obvio que del hecho que existan múltiples credos no se sigue que el Estado deba tratarlos con indiferencia y como un asunto sin relevancia pública, como trata, digamos, las preferencias deportivas o culinarias o incluso sexuales. La libertad religiosa no solo consiste en que se deje a la gente creer lo que su fe o discernimiento le indiquen, sino que ella exige que además se respete el credo a que adhiere. En otras palabras, un católico, un judío o un musulmán, tienen derecho a que el Estado trate la fe que profesan con consideración y respeto. El fenómeno religioso tiene peculiaridades a las que es razonable atender y tener en consideración. Luego, parece razonable que el Estado atienda, y evite desconocer y menos ofender, a aquello que para el credo del caso es sagrado y no puramente ritual o profano. Por supuesto no es razonable obligar a un no creyente a participar de la fiesta o el acontecimiento religioso; pero establecer una regla razonable de respeto no significa imponer una obligación de creer.

Pero, se dirá, en este caso se está imponiendo a los no creyentes el deber de omitir ciertos actos -en particular el de ir al mall ¿Acaso eso no infringe su libertad de conciencia consistente en adherir o no a un credo? La respuesta es no. Imponer un deber de respeto no es lo mismo que establecer un deber de adhesión. Guardar, por ejemplo, una actitud de respeto en la fiesta del Yom Kipur frente a los chilenos que son al mismo tiempo judíos no significa obligar a quienes no son judíos a adherir al significado de ese día, sino que significa tener una actitud que se condiga con el significado que los judíos le confieren. Mutatis mutandis: establecer un deber de respeto el viernes santo no significa imponer el credo cristiano, solo significa omitir actos que desconozcan flagrantemente el sentido que ese día posee para los creyentes.

Establecido lo anterior, la cuestión se reduce a decidir si acaso la apertura de grandes centros comerciales en viernes santo importa faltar el respeto que en una sociedad plural nos debemos recíprocamente - no creyentes a creyentes y viceversa- cuando se trata de las cosas que consideramos sagradas. La respuesta es que sí. Y la razón es que para los cristianos ese día resulta opuesto, por principio, al comercio (es cosa de recordar la escena de Jesús expulsando a los mercaderes del templo, que es el espacio sagrado por excelencia). El comercio es lo profano por antonomasia, es lo contrario a lo sagrado. Y por eso, parece razonable (aunque es probable que no rentable) que el comercio, al menos a gran escala, evite lesionar al creyente en viernes santo. Y, claro, lo que se dice del respeto al credo cristiano ha de decirse también del respeto que, en su hora, debemos a lo judío o a lo musulmán.

La alcaldesa Jacqueline Romero y el gobernador regional, René Saffirio, realizaron una visita inspectiva a las obras de reposición de la plaza Los Héroes, cuyo término está programado para este fin de año y así quedar a disposición de la comunidad de Pitrufquén.

Este proyecto que data de la administración del exalcalde Humberto Catalán fue rescatado por la alcaldesa Jacqueline Romero -en su primer periodo edilicio-, consiguiendo el financiamiento ante el Gobierno Regional por 1.600 millones de pesos.

Al respecto, el gobernador René Saffirio destacó el trabajo de la alcaldesa y el Concejo Municipal en rescatar este importante lugar de esparcimiento para la comuna.