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Desde mañana martes, en todos los servicios de urgencia de centros de salud públicos y privados del país, será obligatorio el uso de mascarillas por parte de los equipos de salud, administrativos, alumnos en práctica, pacientes y acompañantes; como parte de las medidas disponibles en la alerta sanitaria que estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre con el fin de hacer frente al alza de virus respiratorios.

De acuerdo a lo informado por el seremi de Salud, Andrés Cuyul, la medida establecida mediante resolución exenta del Ministerio de Salud el pasado 28 de marzo, será debidamente fiscalizada en todos los establecimientos de urgencia de hospitales como también en los recintos de atención primaria tales como SAR, SUR o Sapu, considerando además los servicios de urgencia de las clínicas privadas.

"El aumento de la circulación viral, propia de la época invernal, requiere reforzar las estrategias de prevención, especialmente en entornos de alta exposición, como las unidades de urgencia en los centros de salud", expresó la autoridad sanitaria regional, quien agregó que por ello la implementación obligatoria del uso de mascarillas a partir del martes 15 de abril contribuirá significativamente a la reducción de la transmisión de virus respiratorios, asegurando la protección de pacientes y personal sanitario que asiste a dichos establecimientos.

A su juicio, el uso de las mascarillas, tal como ocurrió en la pandemia "sigue siendo una medida efectiva y de bajo costo para mitigar la propagación de enfermedades respiratorias, estrategia que, junto con la vacunación y el fortalecimiento de las medidas de higiene y autocuidado, representa nuestra mejor defensa ante una temporada con alta circulación viral".

Asimismo, Cuyul insistió en que, si bien, esta medida ha tenido buena adherencia en los establecimientos de urgencia en años anteriores, "será objeto de fiscalización por parte de la Seremi de Salud, pudiendo ser sancionada con sumario sanitario la no adherencia individual o institucional a esta medida de salud pública", aseguró.

Por lo anterior, el titular regional de Salud llamó a la población a respetar esta medida orientada a la prevención y bienestar de la población. "Desde la Seremi de Salud de La Araucanía reiteramos el llamado a la comunidad a adherirse a estas disposiciones sanitarias, ya que la prevención es un pilar fundamental para garantizar la operatividad del sistema de salud y proteger a los grupos más vulnerables de la población, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas", enfatizó.

Impacto positivo

Este medida es bien vista por los expertos, quienes destacan el impacto positivo que tiene el uso de mascarillas para evitar la propagación de virus. "Es importante subrayar el impacto positivo del uso de mascarillas, medida que el decreto establece como obligatoria en unidades de atención de urgencia y que podría ampliarse a otros espacios públicos con alta concentración de personas si la evolución epidemiológica lo amerita", puntualizó la académica de la Facultad de Enfermería de U. Andrés Bello, Patricia Donoso, quien a la vez detalla que "esta estrategia es clave para reducir la propagación de enfermedades respiratorias y minimizar el riesgo en los grupos más vulnerables".

En su opinión, el principal desafío radica "en la capacidad del sistema para implementar estas disposiciones de manera efectiva y en la disposición de la ciudadanía para adoptar las recomendaciones sanitarias; la educación y la comunicación clara con la comunidad serán esenciales para garantizar el cumplimiento de estas medidas".

Finalmente, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ha remarcado que las salas de urgencias son lugares de aglomeración y donde asisten personas enfermas. "No nos interesa que se produzca una ampliación de la transmisión en las salas de espera de las salas de urgencia", declaró la ministra, según consigna CNN Chile.

"Esta estrategia es clave para reducir la propagación de enfermedades respiratorias y minimizar los riesgos de los grupos más vulnerables de la población".

Patricia Donoso,, académica Facultad de, Enfermería U. Andrés Bello

Hoy más que nunca, sacar adelante un proyecto de vivienda social se ha transformado en un trámite interminable y, muchas veces, sin sentido. Las autoridades encargadas de validar estas iniciativas -seguramente con la mejor intención- han ido construyendo un entramado de exigencias, parches sobre parches, que terminan dificultando la inversión y, con ello, impidiendo soluciones eficaces y oportunas para miles de familias que necesitan con urgencia un lugar digno donde vivir. Paradójicamente, los equipos técnicos y fiscalizadores, cuya misión debería ser facilitar y optimizar los procesos, muchas veces terminan generando lo contrario: un mar de burocracia y permisología que hace naufragar las mejores ideas y agota la esperanza de quienes más la necesitan. Comités de vivienda que llevan años a la deriva, sin orientación ni acompañamiento adecuado, se enfrentan a un sistema que parece diseñado para que fracasen. Porque, seamos claros: nadie nace sabiendo cómo navegar en el mundo de la vivienda subsidiada por el Estado, y menos cuando los criterios cambian, las normativas se sobreponen unas a otras, y la descoordinación institucional multiplica los obstáculos. Todo parte por el terreno. Sin suelo, no hay proyecto; sin proyecto, no hay subsidio; y sin subsidio, no hay solución. La escasez de terrenos disponibles -sumada a su creciente valor- ha hecho imposible financiar proyectos habitacionales con los recursos actuales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Así, los comités terminan forzados a optar por terrenos alejados de servicios o hacinados en soluciones densificadas que muchas veces atentan contra la calidad de vida. Por eso, instamos a simplificar las herramientas y procesos estatales que permiten invertir en el suelo. Apostar por la creación de un Banco de Terrenos asociado a comités de vivienda puede ser el inicio de un círculo virtuoso que fomenta la dignidad, la cohesión social, el empleo y la reactivación económica. Es imperdonable que los recursos públicos, por falta de proyectos viables, terminen devolviéndose al nivel central. Es hora de invertirlos donde hacen falta: en la base de todo desarrollo urbano y social. Se necesita voluntad política y decisión técnica para tomar la sartén por el mango y dejar atrás una burocracia que asfixia las soluciones. Las familias que hoy arriendan o viven de allegadas merecen más que promesas: merecen oportunidades reales para alcanzar el sueño de la casa propia.

Raúl Escárate Peters,

director

ejecutivo +CIUDAD

+VIVIENDA