La abrupta baja en las matrículas en pedagogía no puede seguir leyéndose como un fenómeno aislado ni como un problema de vocación individual. Es un reflejo directo del lugar que el Estado y la sociedad le han asignado a la profesión docente: un lugar más bien de subordinación, de vigilancia constante, de desgaste. Una profesión que ha sido sistemáticamente precarizada, instrumentalizada y despojada de sentido.

No es casual que cada vez menos jóvenes quieran ser profesores. ¿Qué horizonte se les ofrece? ¿Qué condiciones reales existen para enseñar con dignidad? La sala de clases se ha convertido en un espacio saturado de controles externos, exigencias burocráticas, desconfianza institucional y nulo o casi nulo margen para la creación pedagógica.

La acción pedagógica, tal como explica Carmen Gloria Garrido, directora de Educación de la U. Andrés Bello, está siendo tratada como un engranaje obediente del sistema educativo, y no como lo que verdaderamente es: una labor en comunidad, intelectual, ética y política, crucial para construir democracia y justicia social. Hemos permitido, extrañamente, que se les exija a los profesores como si no supieran su profesión, o bien como si debiesen de saber de todo lo que nuestra sociedad no sabe. Es cierto ha habido iniciativas, avances, pero no con la urgencia requerida o con un foco de reestructuración de los espacios y formas de hacer una comunidad educativa fuerte, creativa, propositiva, abierta e inteligente. Ser profesor hoy es, paradójicamente, un acto de resistencia y valentía siendo necesario devolverle a la pedagogía su estatus, su autoridad y su espacio de invención. Y eso implica voluntad política y el concurso de universidades que forman a profesores. De ese modo, el profesor con vocación podrá tener un buen trabajo y además tiempo para su vida personal. Algo muy básico, no creen.

En el año 2024, la tasa de natalidad en Chile fue de tan solo 135.539 nacimientos, lo que refleja una disminución del 20% en comparación con el año anterior. Según datos del INE, los nacimientos han disminuido en un 22,3%, lo que equivale a 1,17 hijos por mujer. Comparado con el año 1992, estos indicadores representan una baja del 54%. Esto es preocupante, ya que se encuentra por debajo de la tasa natural de reemplazo, establecida en 2,1 hijos por mujer. Además, el Censo 2024 deja en evidencia el envejecimiento de la población, con un aumento del 4,3%. Para los próximos años se espera que esta tendencia continúe, lo que nos obliga a replantear las políticas públicas, ya que este fenómeno implica una nueva reestructuración social.

La decisión de muchas personas jóvenes, principalmente mujeres, de no tener hijos o postergar esta elección no es individual ni caprichosa. Es, más bien, una respuesta racional, política y emocional frente a un sistema que precariza la vida. Se trata de una generación que ha crecido viendo cómo sus madres vivieron una vida llena de sacrificios, desigualdades y renuncias a su desarrollo personal. En nuestro país, el trabajo formal con derechos es un privilegio y no una norma. Tener un empleo hoy en día es un desafío, y enfrentar estas condiciones laborales hace casi inviable formar un proyecto de familia.

Otros factores que inciden en la decisión de no tener hijos incluyen el deseo de priorizar el desarrollo personal, el temor ante un mundo incierto, la conciencia ambiental, el fácil acceso a métodos anticonceptivos y la incertidumbre generada por las constantes crisis económicas, entre otros.

Las políticas públicas existentes en Chile son insuficientes para frenar la baja natalidad. Los desafíos actuales exigen coordinar avances significativos e innovadores que permitan revertir esta situación. No existe una fórmula única, ya que los contextos culturales y sociales requieren un enfoque mucho más integral en las políticas sociales, laborales y de equidad de género.

Por otro lado, existe un porcentaje de hombres y mujeres que, queriendo ser padres, no lo logran y no encuentran respuesta ni atención en el sistema público frente a la infertilidad. Los programas actuales no dan abasto con la demanda, y los tratamientos son largos y muy costosos. Es aquí donde se debería invertir, para garantizar el acceso a estos tratamientos a todas las personas que lo necesiten y requieran, con el objetivo de contribuir, al menos en parte, a revertir la baja natalidad en los próximos años.

No podemos continuar observando este fenómeno desde una lógica individualista o meramente económica. Es momento de replantear el modelo social, laboral y sanitario desde una perspectiva integral y más humana.

Ricardo Celis,

médico y exdiputado