investigadora y a través de la prensa a toda la ciudadanía del país", relata en su alegato este equipo acusador.

A demás de señalar la dilación que sufre este juicio desde 2018 al año 2025, el equipo del Ministerio Público destaca que la Fiscalía desarrolla aquí una investigación detallada con apoyo de la PDI, que sustenta los 11 hechos imputados, y que se traducirá en abundante prueba. Esto es 240 testigos, 47 peritos y 900 pruebas documentales a conocer.

HECHOS GRAVES

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es parte también de la parte acusadora y a través del abogado Claudio Jara ha subrayado que de probarse hechos graves como la asociación ilícita y asuntos delicados como la creación de documento falso, su uso malicioso y la alteración de evidencia que se exponen aquí, "se pone en tela de juicio el funcionamiento del sistema de justicia penal", porque no sólo se habría trabajado con un programa digital que no pudo ser probado ante el FBI (y por lo cual el imputado Álex Smith habría responsabilizado a la PDI por un presunto sabotaje), sino porque en un determinado minuto se habría ordenado analizar pruebas agrupadas en un DVD.

"No se puede desconocer que se alteró evidencia y que esa alteración de evidencias se plasmó en instrumentos públicos oficiales", comenta en su momento el abogado del CDE (...). "Estos son hechos graves, hechos que deben ser sancionados severamente, razón por la cual solicito se le imponga todas las graves penas que han sido solicitadas por el Consejo", se expresa en los alegatos de apertura.

Si bien El Austral se acerca a la sala donde se desarrolla el juicio, la mayoría de los abogados no quiso hablar sobre el juicio, argumentando que no pueden compartir contenido del desarrollo del proceso, la única que acepta hablar es la querellante y representante de las víctimas mapuche de este caso, la abogada Karina Riquelme, quien opina que este juicio es un lugar para observar la desigualdad que existiría cuando se enfrenta la justicia.

"Este juicio denota la desigualdad que existe al enfrentarnos a la justicia dependiendo de qué lugar somos. Evidentemente, vivir un hecho tan grave como que te acusen con pruebas falsas, que funcionarios públicos manipulen pruebas para acusarte de delitos tan graves como delitos terroristas, y que eso no se sancione, que a nadie le parezca importante terminar ese proceso, es una desigualdad ante la ley y va en contra de los principios fundamentales de derecho de un Estado democrático", comenta, y lo dice porque casi ocho años después de dilaciones, no conoce caso alguno como este en lo que va de la Reforma Procesal Penal.

Desde su punto de vista, a la parte querellante y a sus representados lo que les interesa es que se sepa todo lo que aconteció en torno a esta operación, "porque - afirma - nosotros también creemos que no sólo estaban involucrados carabineros. La institucionalidad de hizo parte toda. Ya salió a la luz pública que el Poder Judicial estuvo involucrado con este relator que cambió resoluciones, ya salió a la luz el tema de los fiscales. Entonces, la verdad es que ni el Poder Judicial ni la Fiscalía, y menos el poder Ejecutivo, ha instado a que se conozca lo que realmente pasó. Porque, al parecer, las personas mapuche no son tan importantes de proteger de parte de la institucionalidad y ahí se genera un quiebre de confianza".

A lo que aspira esta querellante, al igual que sus pares, es a que se aplique la norma de manera igualitaria, "porque si eso no hubiera pasado", acota, "seguramente, mis representados estarían condenados por Ley Antiterrorista, estarían quizás en cárceles, dispersos, dirigentes de distintos territorios, porque fue una gran operación, son representantes conocidos de comunidades, personas que eran de hogares mapuches. Eso sí era como tomar a representantes de ciertas ideologías y darles una sanción ejemplificadora (...). Y nosotros no estamos pidiendo una sanción ejemplificadora, como a veces dicen, porque no creemos que el Derecho Penal sea para ello, para dar ejemplo; nosotros lo que creemos es que si una norma dice que tal pena se le debe aplicar una persona que incurre en tal hecho, bueno, eso se aplique, ni más ni menos".

Riquelme acota que en materia de penas lo que se pide son sanciones que están sobre los 30 años de presidio para los responsables de esta cuestionada operación.

DEFENSA

La defensa de los imputados ha sido clara también en los alegatos desplegados al comienzo de este juicio. Abogados como Alejandra Castillo, Luis Felipe Romero, Patricio Salinas y Enoc Salazar, han expresado que su solicitud ante el tribunal es la absolución de sus representados, la mayoría de ellos funcionarios de carabineros supeditados a las ordenes de superiores que realizaron labores de peritajes de pruebas - afirman - que ya habían sido alteradas cuando llegaron a sus manos para la elaboración de informes y preinformes.

De esta manera, una de las investigaciones más mediáticas está en pleno juicio y avanza, paulatinamente, en la senda destinada a sopesar los hechos, las pruebas y los testimonios para deliberar las responsabilidades y sanciones para quienes resulten responsables de uno de los escándalos que ha remecido al país en el transcurso del siglo XXI.