La sabida percepción de que el turismo es parte sustantiva del desarrollo de La Araucanía queda absolutamente comprobada con hechos y realidades que son de público conocimiento y que refrendan habituales estudios sobre esta temática.

Reiterados informes plantean que en La Araucanía se registra un crecimiento mayor al promedio nacional, lo que releva como punto muy importante al área de servicios, en la cual el turismo destaca cada vez más. Hoy, puntualmente, hay un aumento muy notorio del turismo de compras por parte de los vecinos argentinos, beneficiando al comercio, hoteles, restaurantes y negocios ligados directa e indirectamente. Ingresos mayores generan nuevas y en lo posible mejores fuentes laborales.

Por eso es valorable que gremios del turismo de los destinos de Nahuelbuta, Temuco y alrededores, Andino, Lacustre y Costa, se hayan reunido con el gobernador René Saffirio y el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, para elaborar la primera Política Regional de Turismo en La Araucanía.

Es imprescindible fijar la mirada con la mayor fuerza posible en el rubro del turismo para potenciar y profesionalizar al máximo la actividad, que comenzó hace décadas y que ahora se ve fortalecida. Más allá del interés puntual de los vecinos argentinos por la coyuntura económica que les es tan favorable, el turismo ha existido, existe y existirá como ha quedado demostrado al paso del tiempo y cada vez con mayor desarrollo, considerando la tremenda potencialidad que exhiben ciertos sectores de La Araucanía, en especial el lacustre.

Queda muchísimo camino por recorrer, pero el sector turismo puede y debe ser una herramienta decisiva en el futuro de La Araucanía. Para ello se debe poner al turista en el centro neurálgico de esta actividad. Y este hito informado ayer por El Austral tiene gran valor.

Uno de los desafíos menos visibles, pero más urgentes que enfrenta el país es el de la permisología sanitaria. Bajo la premisa absolutamente válida de proteger la salud de las personas, hemos construido un entramado normativo y administrativo que, en muchos casos, termina entorpeciendo el desarrollo económico, el acceso a servicios y la innovación en salud.

Hoy, iniciar un proyecto sanitario en Chile ya sea la habilitación de un centro médico, la instalación de una planta farmacéutica o la introducción de un nuevo dispositivo biomédico puede convertirse en una carrera de obstáculos. Diversas instituciones exigen permisos que se superponen, duplican requisitos o interpretan de manera distinta las mismas normativas. Esto genera incertidumbre regulatoria, eleva los costos y desincentiva la inversión privada, especialmente en regiones donde más se necesita.

Las cifras del propio Estado lo evidencian: según diagnósticos recientes, más de 400 permisos distintos pueden llegar a requerirse para ciertos proyectos de salud, y no existe una ventanilla única real que centralice, ordene y agilice estos procesos. Esta situación no solo afecta a grandes inversiones, sino que también a medianos y pequeños emprendedores del sector salud, que muchas veces abandonan sus proyectos por no contar con los recursos técnicos o legales para enfrentar este sistema.

Pero el problema no es solo económico. La permisología excesiva tiene consecuencias sanitarias concretas. Mientras seguimos enfrentando listas de espera que afectan a millones de personas, existen pabellones nuevos que no pueden operar por falta de autorización, o centros que no pueden incorporar equipamiento de última generación por trabas normativas. Es decir, se frena el desarrollo en nombre de la protección sanitaria, pero sin mejorar efectivamente la salud de las personas.

La buena noticia es que esto es un problema que tiene solución. Chile necesita una modernización profunda de su sistema de permisos sanitarios, con foco en la eficiencia regulatoria, la digitalización de los procesos, la interoperabilidad entre servicios públicos y el establecimiento de plazos obligatorios para resolver solicitudes. No se trata de desregular. Se trata de regular mejor; con criterios técnicos, con coherencia interinstitucional y con una mirada de Estado que entienda la salud como una plataforma para el desarrollo y no como un terreno estancado por la burocracia.

Autorizaciones más ágiles y transparentes permitirán que más actores contribuyan al sistema de salud, que más soluciones lleguen a las personas y que el país avance con decisión hacia un modelo sanitario más justo, moderno y sostenible.

Luis Castillo Fuenzalida,